Parlamento Europeo se pronuncia totalmente a favor del diálogo político con Cuba

Todos los grupos del Parlamento Europeo, PE, se mostraron, en el primer debate sobre el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba, a favor de que la Eurocámara apoye el texto, ya respaldado por el Consejo y ratificado por un buen grupo de Estados miembros.

La Eurocámara votará tanto su luz verde al texto como una resolución con su posicionamiento sobre el acuerdo del pasado  diciembre entre Londres y La Habana antes del verano, previsiblemente en la sesión plenaria de julio, resalta la agencia EFE.

La ponente de la posición de la Eurocámara, Elena Valenciano, se mostró satisfecha en el debate en comisión parlamentaria por que al recoger las distintas posturas ningún partido se haya mostrado en contra del consentimiento.

Valenciano pidió que no se use una distinta “vara de medir” con Cuba y los derechos humanos que la que se utiliza para evaluar a otros países.

“No les abramos la puerta para cerrarla de golpe”, reclamó la vicepresidenta de los socialdemócratas en el PE, que añadió que “en los actuales momentos políticos en Estados Unidos, es importante que la UE apuntale la tendencia aperturista en las relaciones internacionales con Cuba”.

El eurodiputado del PP Luis De Grandes se mostró igualmente a favor de que la Eurocámara dé su consentimiento al acuerdo.

Para Javier Couso, eurodiputado de IU (grupo de la Izquierda Unitaria Europea), el acuerdo entre la UE y Cuba merece la luz verde “por ser equilibrado y ponderado” y marcar un punto de inflexión en las relaciones entre Bruselas y La Habana.

Desde los Verdes europeos, Ernest Urtasun (ICV) celebró que el acuerdo termine con la “excepcionalidad” que ha marcado, según él, las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, y pidió que se dé el consentimiento del PE al texto “lo más velozmente que sea posible”.

El pasado 12 de diciembre, la UE y Cuba firmaron su primer acuerdo bilateral, de diálogo político y cooperación, con el que el bloque comunitario puso fin a la “posición común” que desde 1996 imponía una relación unilateral y restrictiva con la isla.