Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden de emergencia este sábado, impidiendo que el recién creado Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por el empresario Elon Musk, acceda a los datos personales y financieros de millones de ciudadanos estadounidenses resguardados en el Departamento del Tesoro.

El magistrado Paul A. Engelmayer dictaminó que «todos los cargos políticos», «agentes especiales del Gobierno» y «empleados asignados a un organismo externo al Tesoro» tienen prohibido el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro estadounidense.

Esta restricción temporal se mantendrá vigente hasta una audiencia que se realizará el próximo 14 de febrero. Además, cualquier persona que haya consultado información de los registros del Departamento del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia, el 20 de enero, deberá «destruir inmediatamente todas las copias del material descargado».

La decisión del juez Engelmayer se basa en el argumento de que los estados demandantes se enfrentarían a un «daño irreparable» si no se toman medidas cautelares.

El juez argumentó que la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial representa un riesgo, así como la vulnerabilidad de los sistemas ante posibles ataques cibernéticos.

Según la demanda presentada por los fiscales generales de 19 estados, el Gobierno de Trump otorgó un «acceso prácticamente sin restricciones» a los sistemas de pago del Tesoro a personal del DOGE, incluyendo al menos a un trabajador de 25 años con la capacidad de «ver o modificar numerosos archivos críticos».

Esta acción, según la demanda, implica «enormes riesgos de ciberseguridad» para los estados y sus habitantes, ya que su información podría ser utilizada y procesada sin la verificación adecuada.

El acceso del equipo de DOGE a los sistemas de pago federales fue calificado por una evaluación interna del Tesoro como «la mayor amenaza interna a la que se ha enfrentado nunca la Oficina del Servicio Fiscal».

Los fiscales generales de 19 estados alegan que la administración de Trump «violó la ley» al permitir el acceso del personal del DOGE a datos delicados del Departamento del Tesoro.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lidera al grupo de demandantes, declaró que el Gobierno republicano autorizó «de manera ilegal» a Musk y a su entidad a ingresar al sistema central de pagos del Departamento del Tesoro, lo que les da acceso a «la información personal más sensible de los estadounidenses», como detalles de cuentas bancarias y números de seguro social.

Según la fiscal, este acceso también les permite bloquear fondos federales a Estados y programas cruciales.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, declaró que Trump «ha permitido que un multimillonario que no fue elegido popularmente se infiltre en agencias federales clave» y sistemas que almacenan información sensible de millones de personas.

El DOGE estaría utilizando también inteligencia artificial de Microsoft para analizar el gasto del Departamento de Educación, utilizando información personal de empleados y datos financieros internos.

Medios estadounidenses dijeron que el DOGE tiene la intención de utilizar el mismo esquema en muchas otras agencias y departamentos gubernamentales, con el objetivo de recortar drásticamente los gastos y reducir la plantilla.