México-EE.UU. Demanda burlada

Suman más de medio millón de armas las que entran fraudulentamente desde Estados Unidos a México cada año, causantes de decenas de miles de muertes, por lo cual suena a burla la desestimación por un juez de Massachussetts de la demanda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra once compañías exportadoras de esos instrumentos letales, basándose en que la ley sólo se ocupa de la calidad y no de adonde se envíen y que daño causan.

El juez dictaminó que las reclamaciones del gobierno mexicano no estaban por encima del amplio resguardo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en el 2005, les proporciona a los fabricantes de armas acerca de su uso criminal o ilícito.

“Desgraciadamente, para el gobierno de México, todas sus demandas están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones”, justificó el juez Dennis Saylor en un largo documento, en el que señaló que ese tribunal “no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso”.

El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. La demanda acusaba a los fabricantes de armas de clara negligencia, al demostrar que comercializan productos que saben que van a dar a actividades ilícitas o se diseñan para ese tipo de mercados, en referencia a los narcotraficantes.

Las empresas citadas en la demanda son Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta USA; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H.; Sturm, Ruger & Co., así como Witmer Public Safety Group e Interstate Arms, ambos proveedores de armas.

AFINANDO LA PUNTERÍA
Por supuesto que el gobierno mexicano volverá a presentar una demanda similar, aunque tratando de tapar cualquier hueco que pueda ser hallado por quienes tratan de proteger uno de los más lucrativos negocios de Estados Unidos, que no admite su responsabilidad en que a través de su frontera las armas lleguen a los cárteles delincuenciales que aún pululan en México, principalmente el de las drogas, cuyo suministro hace que EE.UU. sea el principal consumidor mundial.

México había demandado en agosto del 2021 a varias empresas por considerar que su comercio alienta el narcotráfico y la violencia en el país.

Se trata del rechazo de una acción inédita y valerosa del gobierno de México -la primera contra las empresas fabricantes de armas- para evitar que éstas, muchas de alto poder, causen violencia en ese país, y por ello apelará la decisión del juez federal.

Además, seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas.

Esta acción emprendida por López Obrador ha recibido reconocimiento mundial, incluso por procuradores estatales y fiscales estadounidenses, académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países, que consideran que señala la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región

LA DIRECCIÓN PRINCIPAL

La nueva demanda estará dirigida contra tiendas o distribuidores de armas en estados fronterizos con México, como Arizona, los cuales las venden a sujetos con falsa identificación, los “prestanombres”, que las entregan a traficantes, quienes a su vez las llevan al país latinoamericano, expresó el canciller Marcelo Ebrard.

Aproximadamente el 60% de las armas incautadas en México en los últimos años se vendieron en diez condados de Estados Unidos, la mayoría a lo largo de la frontera. México tiene restricciones muy estrictas sobre la posesión de armas, pero a pesar de ello la violencia de los cárteles del narcotráfico ha costado cientos de miles de vidas en el país en los últimos años.

Una ley estadounidense promulgada recientemente señala que las compras mediante prestanombres son un delito, y establece sentencias de hasta 15 a 25 años de cárcel si el delito está relacionado con el tráfico de drogas.

Cuando la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos terminó en el 2004, los fabricantes de armas aprovecharon la apertura para aumentar enormemente la producción, en particular de las armas de asalto de estilo militar favorecidas por los cárteles de la droga.

Poco después, los asesinatos en México comenzaron a aumentar, alcanzando niveles récord en el 2018, cuando más de 36 000 personas fueron asesinadas en todo el país.

En el 2019, al menos 34 696 homicidios en México estaban relacionados con armas traficadas, 34 554 en el 2020 y 33 308 en el 2021. 

Este 2023, con recientes masacres, sigue en ese estilo, que tiene como una de sus causas principales, según López Obrador, las políticas neoliberales de anteriores gobiernos.