Muchos quizás se pregunten por qué Julian Assange, primero, y Edward Snowden, después, pidieron asilo diplomático a Ecuador, al ser perseguidos por el Imperio por haber informado objetivamente sobre acciones que revelaban todo tipo de espionaje y planes norteamericanos contra su propio pueblo y pequeñas naciones agredidas bajo falsos alegatos.

Antes de responder, quisiera recordar que hace seis años, el entonces candidato presidencial estadounidense, Barack Obama, había acusado a George W. Bush de realizar todo tipo de embustes para lograr su elección y prometió que, de ser electo Presidente, no se espiaría «a personas que no son sospechosas de haber cometido un crimen. No es eso lo que hace falta para derrotar al terrorismo».

Pero a principios de este mes de junio, se produjo un escándalo por el espionaje a millones de ciudadanos, lo cual Obama calificó de «modestas invasiones a la privacidad», y justificó los procedimientos contra Assange y Snowden, por haber revelado «secretos» que hacían presuntamente poner en peligro la seguridad nacional.

En realidad, su «delito» fue denunciar de diversas maneras y con fuentes fidedignas la inquisición sistemática a que es sometida la ciudadanía de Estados Unidos y otras muchas del mundo, en base a la revolución tecnológica, controlada mayormente por un poder malsano.

Ambos perseguidos han pedido asilo político a Ecuador, cuyo gobierno rechazó amenazas de Washington y estudia detenidamente los casos, con el fin de evitar cualquier error de procedimiento.

Es que hay mucha diferencia entre ambas naciones. Estados Unidos esgrime la democracia y libre expresión como armas para ejemplificar a otras naciones, a las que acusa de absolutistas, etcétera, y pretextar cualquier agresión violatoria de los derechos humanos.

A su vez, Ecuador y la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa ofrecen a los ojos de Assange y Snowden toda una garantía para sus vidas y el ejercicio de una verdadera democracia, hoy avalada por la sanción del gobierno suramericano de la Ley Orgánica de Comunicación, calificada por el portal del medio español La Haine como «una de las leyes más progresistas que existen en el mundo sobre el tema».

Muchos deberían beber de esta normativa ecuatoriana, aprobada por referendo en el 2011, y que la oposición había estado frenando desde el 2008.

Entre otras muchas cosas, contempla la pluralidad de voces y contenidos, garantiza el sostén financiero de los medios comunitarios y la libertad de expresión, prohíbe la censura previa, estipula la responsabilidad por lo publicado, el derecho a la rectificación y la réplica, y crea dos organismos responsabilizados por la aplicación de la ley.

Además de garantizar la difusión y acceso a la información de todos los sectores sociales, estipula que el 60% del contenido debe ser de producción nacional y, algo muy importante, condena el monopolio, en un momento en que el sector privado lucra con el 85% de las actuales frecuencias.

Ahora comienza el difícil período de la aplicación de una ley que hace avanzar como nunca la democratización del acceso a la información, sin peligro para quienes, como Assange y Snowden, revelan los sucios manejos imperiales para ocultar sus crímenes, y otros que, desde una posición más modesta, no cuentan con el acceso oportuno a la información por entes infranqueables que impiden el ejercicio del periodismo.

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