Sucia justicia argentina

Vigente el “lawfare” montado contra la vicepresidenta Cristina Fernández para sacarla de la vida política y tratar de que pase 12 años en prisión, la denominada Justicia argentina vuelve a caer en el descrédito, con evidencias de sucios manejos y amplia corruptela que revela sus nexos con el anterior régimen de Mauricio Macri, en cuyos predios golfistas eran asiduos los tres magistrados que montaron la calumnia contra la popular dirigente.

Aún resuena el eco de la conversación entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, controlada por el macrismo, y un hombre de confianza de uno de los miembros del máximo tribunal de Justicia. Hablaron sobre fallos sensibles para el gobierno nacional.

Fue un “secreto” a voces, porque la prensa progresista reveló recientemente unos polémicos chats telefónicos entre ambos sujetos, que muestran una articulación entre el gobierno porteño, administrado por el opositor Juntos por el Cambio (JxC), y el máximo órgano judicial del país, que acaba de fallar a favor de la capital en la causa por la coparticipación de fondos federales.

Se trata de una conversación entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, director general de Vocalía de la Corte y señalado como colaborador directo del presidente del máximo órgano judicial, Horacio Roseti. 

En el intercambio de mensajes, a través de la plataforma Telegram, D'Alessandro comparte un enlace que lleva a una nota titulada 'El juez Roseti seguirá al frente del reclamo de CABA (Ciudad de Buenos Aires) contra Nación por la coparticipación', informó el diario Perfil. 

"Espero que hagas sacar el 'fallo Robles'", le dice el empleado de la Corte al titular de Justicia de Seguridad del Gobierno porteño, a lo que responde afirmativamente.

Ese mensaje data del 9 de noviembre, un mes antes de que la Corte Suprema dictara el fallo unánime que beneficia al gobierno porteño en el conflicto por los fondos coparticipables, que empezó en el 2020 y que enfrenta a la administración nacional de Alberto Fernández con la de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad.

Seis días después, el vocero de Roseti le dice a D'Alessandro: "En 5 te mando letra para que lo muevas", previo a compartirle un texto con argumentos jurídicos que JxC podría usar para evitar la designación del senador oficialista Martín Doñéate en el Consejo de la Magistratura, el ente que tiene a su cargo la selección de los jueces federales y nacionales, así como el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación.

El macrismo busca que ese cargo lo ocupe el senador Luis Juez y no Doñéate, pero la disputa cayó en un proceso judicial que definirá la Corte Suprema.

A partir de la filtración de los chats, legisladores del oficialista Frente de Todos pidieron a Rodríguez Larreta que "en forma urgente remueva de su cargo" al Ministro de Justicia y Seguridad, y señalaron que se trata del "mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina". 

NO ES ASÍ

Hay muchos casos aún más escandalosos, y el propio proceso contra Cristina así lo demostró. dejando una sensación de injusticia e insuficiencia.

El Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) tenía todo listo para comenzar a juzgar a la expresidenta por el supuesto encubrimiento del atentado a una entidad sionista y la obra pública en Santa Cruz. Pero el escándalo fue mayúsculo, porque el tribunal fue designado a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado por una mayoría simple del Consejo de la Magistratura que controlaba el macrista Cambiemos, en ese entonces en el poder.

Semanas antes, la defensa de Cristina había reclamado que el sorteo se realizara en forma manual, pero se lo negaron. Luego pidió la participación de un perito en el proceso para evitar manipulaciones, aunque este planteo también fue rechazado. 

También durante el anterior régimen se reportó una pérdida de casi 7 000 millones de dólares, según el perito oficial David Cohen en la causa del Gas Licuado, por la que fueron encarcelados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta. Meses más tarde, la Sala I de la Cámara Federal dictó la falta de mérito para De Vido, Baratta y otras 22 personas que habían sido procesadas, por pasajes falsos del informe de David Cohen que eran copia literal de diferentes documentos obtenidos de Internet. Algo nada nuevo, porque Cohen ya había utilizado, para calcular los precios del gas licuado, información de sitios webs de internet que luego falseó.

También fue notoria la acción de la Justicia argentina para lograr la excarcelación de Cristóbal Labra y su socio Fabián De Sousa, por considerar que su libertad no ponía en riesgo la investigación contra el ex Grupo Indalo. Ese tribunal sostuvo que el intento de venta de las empresas por López no implicó una obstrucción a la causa penal y que el delito por el que debía investigarse a los procesados era "apropiación indebida de tributos" y no "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Ricardo Gil Lavedra, abogado acusador, denunció la incongruencia de los jueces, quienes, dijo, “tomaron una decisión equivocada e innecesaria".

Y aunque hay muchos más ejemplos del mal actuar de la justicia argentina, es necesario citar que, en los primeros días de noviembre del 2017, se reunieron el presidente Mauricio Macri, Daniel Angelice, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y el ministro de Justicia, Germán Garabato. ¿El motivo? La situación de "los hermanos Lijo", el juez federal Ariel y su hermano Alfredo, que estaban a punto de ser citados a declarar en el Consejo de la Magistratura, por sospechas de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otras corruptelas, pero funcionaron “las buenas relaciones” y nada honesto pasó.

Quizás la causa más rápida de todas fue la que el juez Rodolfo Canicoba Corral salvó al titular de la Inteligencia macrista, Gustavo Arribas, por las coimas de Odebrecht ascendentes a más de medio millón de dólares. El juez actuó sin pausa y terminó siendo un salvavidas que llegó justo a tiempo. Carlos Pagni, en La Nación, publicó días después: "Dicen en los tribunales que el juez Rodolfo Canicoba Corral le dijo: 'Yo lo puedo ayudar. Deme la explicación que quiera. Pero que sea una sola'".