Congreso espurio en un Perú empobrecido

Mientras se augura un crecimiento económico de 3%, la pobreza también sigue aumentando hasta el 29% en un desigual Perú donde la oligarquía engulle sin costo alguno las riquezas de una nación gracias al aval de un Congreso tan impopular como la actual mandataria Dina Boluarte.

Casi diez millones de peruanos -uno de cada tres- son pobres, con un incremento del 6% de quienes está en su lado extremo, sin que se manejen fundamentos macroeconómicos para revertir tal situación y si un maratón de propuestas que en el legislativo están a punto de aprobarse para disminuir los impuestos a quienes más tienen.

Así, el Congreso aprobó la reducción de más del 80% del Impuesto a la Renta (IR) a empresas que utilicen vehículos eléctricos como parte de su proceso productivo que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). representa grandes pérdidas para los ingresos del país.

El MEF advirtió que la ley establece una exoneración del IR y luego una tasa reducida de 5% hasta el 2032, lo que carece de justificación técnica.

Asimismo, si una empresa minera, de telecomunicaciones, cervecera, tabacalera o de la industria del juego, y cualquiera otra, adquiere un vehículo eléctrico quedaría exonerada por cinco años, y luego pagaría por los siguientes cinco años una tasa reducida de 5% del IR sobre la totalidad de sus ingresos, y no la tasa general de 29,5% que se tributa actualmente.

El impacto representa una pérdida de seis millones de soles anuales (un dólar equivale a 3,75 soles) en los ingresos de los gobiernos regionales y locales.
Además, no se alinean con ninguno de los objetivos de reducción de la contaminación ambiental o mejora de la calidad de vida de la población.

¿LEGISLADORES? ¡DELINCUENTES!

La asociación civil Transparencia publicó un informe en el que recopila 20 iniciativas legislativas llevadas a cabo por el Congreso de la República durante el período comprendido entre 2021 y 2024, que se divide en cuatro categorías: democracia, crimen organizado, derechos humanos y educación.

Destacan leyes como la Ley 31751, también conocida como la Ley Soto, que, según la asociación, modificaría "los plazos de prescripción de delitos", beneficiando "a los individuos que están siendo investigados, permitiendo que escapen de responsabilidades legales y generando una percepción de desigualdad ante la ley".

De igual manera, se menciona la Ley 32107, promovida por el fujimorismo y promulgada por Dina Boluarte, que  "promueve la impunidad para crímenes de lesa humanidad, afecta el derecho de las víctimas a reparación y debilita el Estado de derecho. Al favorecer a exmilitares y terroristas, establece un trato preferencial que socava el principio democrático de igualdad ante la ley y disminuye la confianza en el sistema de justicia".

La Ley 3175 modifica el Código Penal, ajustando los plazos de prescripción de delitos, beneficiando a los individuos que están siendo investigados, permitiendo que escapen de responsabilidades legales y creando una percepción de desigualdad ante la ley, lo cual facilita la impunidad.
    
La Ley 31996 Impone plazos estrictos para la colaboración eficaz, lo cual limita las investigaciones en casos complejos de corrupción y crimen organizado.

La Ley 3198  limita la incautación de material vinculado a la minería ilegal, como explosivos y armas, lo cual supone un riesgo para la seguridad pública y el orden social.

La Ley 32104 establece la obligatoriedad de la aplicación de la Ley 31751 por los jueces que limita su capacidad de discreción judicial. Los jueces no podrán actuar en contra de las disposiciones de la Ley 31751, incluso si consideran que su aplicación puede ir en contra de principios de justicia o equidad. Limita la independencia judicial al restringir su capacidad de interpretación en ciertos casos.¨

La Ley 32108 modifica el concepto legal de "organización criminal", lo que podría cambiar la forma en que se persiguen y sancionan estos delitos. La exigencia de la presencia del acusado en allanamientos podría retrasar o dificultar ciertas investigaciones criminales, afectando la rapidez de las mismas.

La Ley 32138 excluye los delitos de fraude a la administración de personas jurídicas y corrupción privada de la categoría de "crimen organizado".
Entre otras muchas leyes, que abordaremos posteriormente, descuella la 32181, que garantiza la presunción de inocencia y protege al personal de la Policía Nacional del Perú.    

Otorga impunidad a los policías que causen lesiones o muertes con su arma de fuego y prohíbe a los fiscales solicitar prisión preventiva, debilitando el sistema judicial y favoreciendo la impunidad. Además, la derogación de la detención preliminar en casos de no flagrancia limita las herramientas legales para garantizar la justicia en delitos graves.

QUIENES DESCUELLAN

Los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, baluarte del fujimorismo en el Congreso de la República, fueron los que más apoyaron las iniciativas, seguidos por los de Renovación Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y, finalmente, Somos Perú.

César Revilla y Martha Moyano, ambos de Fuerza Popular, serían los legisladores que más han respaldado las iniciativas mencionadas, seguidos de Miguel Ángel Ciccia, de Renovación Popular, y José Cueto, de Honor y Democracia (anteriormente también parte de Renovación Popular).

Otros nombres embarrados incluyen a los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Muñante, ambos de Renovación Popular; así como María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; Luis Aragón, de Acción Popular; e Isaac Mita, de Perú Libre, entre otros parlamentarios.
Ahora se aprestan a beneficiar con una nueva ley a las empresas que controlan el turismo. En este contexto, la integrante del Consejo Fiscal Carolina Trivelli aseveró que “los hoteles, restaurantes y el sector agroexportador consolidado no necesitan de beneficios tributarios para mantenerse competitivos”.