Perú sigue secuestrado por sus enemigos

“...Sucedió que al promediar las diez de la noche estábamos celebrando una `pollada´, que era para recolectar fondos para hacer mejoras en esta quinta. Entonces, a esa hora, abruptamente ingresaron un grupo de seis uniformados con dos que dirigían, que estaban encapuchados. Comenzaron a proferir palabras como…miserables terroristas, ahora van a ver …. Nos insultaron y tuvimos que tirarnos al suelo porque así lo ordenaron. Hay el caso del señor Tomás Livias, que estuvo presente, hizo resistencia …. A él con la culata del arma lo golpearon en su espalda, su pecho y lo tiraron al suelo. Saltó otro señor que dijo: yo soy el que organiza esto y conmigo háganlo. A él lo acribillaron a balazos. Le metieron ráfagas de balas y cayó desplomado. Pasaron al lado derecho que había un cuarto dónde atendían este...dos chicas. Fueron y lo remataron, a balazos y volvieron contra nosotros, estábamos en el suelo. Y empezó la matanza …”.

Así relataron en su declaración ante la Comisión de la Verdad y la Reparación (CVR) de Perú los sobrevivientes de la masacre de Barrio Alto. Las posteriores pericias balísticas y forenses confirmaron que los autores remataron a los moribundos con un fatal “tiro de gracia”.

El asesinato de estas 15 mujeres, hombres y niños en 1991 en el distrito de Barrios Altos en Lima, es sólo una de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por los las fuerzas de seguridad, cuando Alberto Fujimori era presidente de Perú entre los años 1990 y 2000.

A lo largo de su gobierno se documentaron centenares de casos de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas, y de torturas y malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad de forma sistemática y generalizada,  todos los cuales gozaron posteriormente de una ley de amnistía preconizada por el tirano.

Este se dedicó especialmente a lograr la muerte de aborígenes, utilizando como pretexto la lucha contra el grupo armado Sendero Luminoso, además de que favoreció que más de 3 000 mujeres indígenas fueran esterilizadas “para evitar, dijo, que sus hijos murieran posteriormente de hambre”.

Y hoy, el asesino, condenado a 25 años de prisión, acaba de ser indultado por el gobierno que lidera la usurpadora Dina Boluarte, quien también comparte su odio a la raza indígena y hoy celebra con su hija Keiko la libertad de su padre.

La libertad de Fujimori, con cáncer, ha sido objeto de fuertes protestas de la población y cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
 
CON LA MISMA TIJERA

Desde que llegó espuriamente al poder, Dina Boluarte no ha podido disimular su odio al indígena.

Así lo demuestra el hacer el sordo a los llamados de mineros aborígenes que están siendo masacrados por grupos ilegales que les quieren expulsar de sus tierras.

Recordemos que la ola de protestas masivas que sacudió a Perú entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 se saldó con 67 personas muertas y 1 785 heridas, en su mayoría por choques directos con la Policía y el Ejército, según se lee en un reporte diario de la Defensoría del Pueblo fechado el 3 de mayo de 2023, en el que se apunta que la última víctima fatal falleció el 21 de marzo en Cusco.
 
La represión policial desatada en la ciudad de Ayacucho el 15 de diciembre del 2022, causó la muerte de diez personas. todas indígenas, que no portaban armas, algunas de las cuales no participaban de la demostración.

"En el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", advirtió la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Otra entidad, también nada progresista, Amnistía Internacional, denunció que las autoridades peruanas emplearon "perdigones de forma indiscriminada" contra la población y acusaron el uso de armas letales en los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Puno, apuntando "un marcado sesgo racista por parte de las fuerzas de seguridad", en tanto "el 80 % de las víctimas son de comunidades campesinas e indígenas".

La mayoría de los ciudadanos coincide con esta apreciación. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada en mayo pasado, reveló que el 72% de los consultados considera que la crisis política y social que atraviesa al país tiene origen en el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas.

La victimización de poblaciones campesinas e indígenas no constituye una novedad en la historia reciente de Perú. De acuerdo con un balance oficial, 69 280 personas perdieron la vida entre 1980 y 2000 a consecuencia del conflicto armado interno.

El 40 % de todos los decesos se produjeron en el departamento de Ayacucho y los campesinos indígenas quechua hablantes constituyeron el 75% de las víctimas fatales.

Así, el especialista Oleg Yasinsky escribe este 6 de diciembre en Rusia Today: “Con todas las aparentes y evidentes diferencias, Milei y Fujimori son el mismo personaje, producto del mismo retroceso social, disparado por el sistema que hoy apuesta por lo único que puede ofrecer: la locura” Y remata:

“Cuando el Perú vuelva a ser una república de verdad, y no un territorio secuestrado por sus enemigos, en sus cárceles tendrán que aparecer dos nuevos presos: Alberto Fujimori y Dina Boluarte”.