Guatemala: Arévalo deshace obstáculos de los corruptos

Salvo un golpe militar, el centroizquierdista Bernardo Arévalo asumirá el 14 del entrante enero la Presidencia de Guatemala, poniendo fin a 75 años consecutivos de regímenes de derecha caracterizados por la violencia y la corrupción.

El presidente electo aseguró este miércoles que el golpe que se habría gestado durante los últimos meses en su contra, por medios judiciales, fue finalmente "bloqueado" por las acciones de la Corte Constitucional (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en rechazo a la pretensión del Ministerio Público en anular los comicios generales del 2023, en el que se afirmó que los resultados "son inalterables".

Luego de descartar la posibilidad de que se produjera una acción sediciosa en el seno de las Fuerzas Armadas para frustrar su investidura, porque el estamento castrense, "como institución, ha estado totalmente fuera de la crisis política", acusó a la fiscalía general, encabezada por la fiscal Consuelo Porras, de "fabricar casos" y "actuar sobre patrañas sin ningún sustento". "Eso no quiere decir que no siga haciendo intentos, pero no tendrá éxito. No hay duda de que vamos a asumir", añadió.

Del mismo modo, desechó un eventual levantamiento de su inmunidad parlamentaria antes de la asunción, al considerar que el Ministerio Público "no tiene ninguna evidencia" de los casos que ha avanzado en su contra, e indicó que ha tomado "las medidas de protección necesarias" para garantizar su integridad personal.

El Presidente electo tendrá que gobernar con un Legislativo fragmentado  –160 curules repartidos entre 16 partidos–, lo cual obliga a su Movimiento Semilla a buscar una alianza amplia, y asegura que ello no le hará desistir de su programa ni impedir que pida la renuncia de Porras y poner sobre la mesa la elección de jueces, prevista para el año entrante, con el objetivo de "lograr que las instituciones funcionen para generar un desarrollo en salud, educación, infraestructura, que dé respuesta a la exclusión, y que ha estado ausente porque la corrupción asaltó el poder público".

No obstante, matizó que su Gobierno no podrá "terminar" esa empresa porque se trata de "un esfuerzo que tomará tiempo".

"Crearemos una comisión nacional anticorrupción que irá desarrollándose alrededor de esta estrategia para avanzar en la reforma política, judicial y del Ejecutivo, de las leyes de contrataciones, en evitar el clientelismo político", abundó.

RESPALDO LÓGICO Y SORPRESIVO

En medio de la creciente tensión geopolítica y de tanta diatriba ideológica en América Latina, sorprende el consenso que ha tenido el rechazo al "golpe de Estado" continuado que se ha intentado en Guatemala.
Pero no solo es en el ambiente institucional donde se extingue la resistencia a la toma de posesión. 

Y es que el triunfo de Arévalo es producto de años de fuertes y sostenidas protestas de los sectores populares, quienes desde el 2015 han ejercido importantes movilizaciones en el país. Desde el triunfo de Arévalo, esto ha ocurrido con mayor fuerza y despliegue. Indígenas, campesinos, estudiantes, sindicatos y movimientos progresistas han solicitado también la renuncia de la fiscal y han concentrado sus esfuerzos en ello las últimas semanas. 

Ya en el 2015, las protestas ejercieron una presión determinante para provocar la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, condenado posteriormente por la Justicia de su país. Desde estas movilizaciones se gestó el Movimiento Semilla, liderado por Arévalo, hijo de un famoso presidente revolucionario que dirigió al país a mediados del siglo pasado. Es decir, es un movimiento con la fuerza suficiente para enfrentar los poderes establecidos que tratan de desmeritar la victoria popular. 

Si bien sorprende la posición de Luis Almagro (0EA) y del Departamento de Estado de apoyar y reconocer el triunfo de un izquierdista, es fácil comprender que la situación explosiva que vive Centroamérica en estos años no aguanta mayores niveles de desestabilización social ni política.

Las mafias, incluidas sobre todo las del narcotráfico, están ejerciendo velada influencia en los asuntos de varios Estados de la región, y Guatemala no ha escapado a ello.

Además, estamos en presencia de un subcontinente que no es el mismo del 2009, cuando el golpe al presidente Manuel Zelaya, ya que sus gobiernos se vienen deslizando fuera de la órbita de Washington.
En este desplazamiento convergen desde presidentes de izquierda radical como Daniel Ortega (Nicaragua), pasando por mandatarios de centroizquierda como el caso de Xiomara Castro (Honduras), hasta otros más de derecha como Nayib Bukele (El Salvador). Todos han venido abandonando las relaciones de subordinación a Washington.

A esta situación habría que sumarle las protestas que ha habido en Panamá en las últimas semanas y, de modo superlativo, el impacto político que está teniendo en EE.UU. la migración masiva e ilegal, muchas veces desde Centroamérica.

También destaca el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reclamó la defensa del triunfo de Arévalo y pidió un pronunciamiento de la ONU al respecto.

No hay que ser muy experto para considerar que obstaculizar la transición en Guatemala supondría aumentar la inestabilidad, en medio de un peligroso ambiente que incluye componentes de narcotráfico, desplazamientos de migrantes y gobiernos díscolos con Washington, que espera un año electoral. 

El Departamento de Estado no quiere reñir con gobiernos que se posicionan a la izquierda (como el de Xiomara Castro en Honduras y ahora Arévalo en Guatemala), porque estos vienen a atenuar las condiciones que hacen posible la influencia del narco en la política y la migración desmedida.

Por todo esto, se ha generado un consenso entre antagónicos actores internacionales para defender la democracia de Guatemala. Impedir la juramentación del nuevo presidente significaría una imposición dictatorial facturada desde las mafias del narcotráfico y la corrupción, lo que dejaría el terreno abonado para nuevas réplicas de este tipo en la región.