EDITORIAL: Contra los revendedores

En sus más recientes encuentros con las autoridades del Partido y el gobierno en varios territorios del país, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha insistido en el enfrentamiento a una verdadera plaga: la de los revendedores, los acaparadores y los coleros.

Es un fenómeno de larguísima data, pero en los últimos tiempos, ante los serios problemas de abastecimiento de la red comercial, su impacto se ha intensificado.

En momentos de grandes dificultades, el proceder de estas personas afecta sensiblemente la distribución justa y equitativa de productos de primera necesidad, ante una oferta evidentemente insuficiente.

Es una situación que se complejiza por la contingencia sanitaria. Los centros comerciales no pueden asumir las dinámicas habituales de atención al público y las filas se alargan, con riesgos de devenir espacios propicios para el contagio de la COVID-19.

La Policía Nacional Revolucionaria ha llevado a cabo una intensa labor de prevención de estos delitos con la organización puntual de las colas y la implementación de mecanismos más diáfanos de acceso a los productos.

Pero ha sido posible controlar del todo la situación: los revendedores se las arreglan para encontrar nuevas maneras de mantener el negocio, ante la estupefacción de buena parte de la ciudadanía.

Hay un mercado informal que ofrece una amplísima variedad de productos duplicando, triplicando y en ocasiones hasta cuadruplicando su precio oficial.

Esas mercancías proceden, en su gran mayoría, de la red comercial. A juzgar por la cantidad y disponibilidad de lo que se ofrece, es evidente el descontrol de muchas administraciones.

Demasiado juego "oculto".

Los revendedores se escudan en el aumento de los salarios para incrementar los precios. Y las personas que pueden evitar las colas pagando, no se detienen a averiguar la procedencia de los productos.

Es una serpiente que se muerde la cola y que lucra con la necesidad. El imperio de las circunstancias.

En tanto no se normalice —o al menos mejore sustancialmente— la distribución de mercancías, habrá que enfrentar la agudización de estas irregularidades.

Las administraciones y las autoridades tienen claras responsabilidades en ese sentido. Y está claro que, en materia de protección al consumidor, hay demasiadas demandas irresueltas.

Mientras exista el actual desbalance entre la oferta y la demanda (y ahí influyen múltiples aspectos: la insuficiente producción nacional, el bloqueo de los Estados Unidos, la falta de divisas, el impacto de la pandemia en el comercio internacional, los problemas en los mecanismos de distribución…), habrá revendedores y acaparadores.

Pero cruzarse de brazos y resignarse no puede ser la actitud. Urge buscar el amparo de la ley. Hay que proteger a los sectores más vulnerables.

La lógica no puede ser la de “sálvese quien pueda”.