En activo desde el 2 de mayo, ese Título (la legislación tiene cuatro) abre las puertas a reclamaciones en las cortes federales estadounidenses respecto a propiedades nacionalizadas a principios de la Revolución Cubana.

Las expectativas de la administración de Donald Trump, y del lobby contrarrevolucionario de Miami (con el senador Marco Rubio a la cabeza) resultaba en una avalancha de reclamos judiciales contra la isla y, sobre todo, contra empresas extranjeras asentadas aquí.

Y aunque hasta ahora tales pretensiones quedaron cortas, lo cierto es que hay en tribunales de aquel país querellas que apuntan a empresas e industrias neurálgicas para la economía cubana.

Así ocurre con las empresas CIMEX. S.A y la Unión Cuba Petróleo (Cupet) que ya dieron los primeros pasos para defenderse ante una corte federal del Distrito de Columbia.

Se trata de una demanda presentada por la multinacional ExxonMobil al amparo del Título III de la Helms-Burton. No hay que olvidar que la Exxon se negó a refinar petróleo proveniente de la Unión Soviética cuando Estados Unidos daba sus primeros pasos en la implementación del cerco económico, financiero y comercial a la isla, con seis décadas a su cuenta.

Ello provocó que el Gobierno Revolucionario, encabezado por Fidel Castro, decidiera la nacionalización de la actua refinería Ñico López, de La Habana, ahora bajo la égida de Cupet.

Por su parte Cimex S.A es una sociedad mercantil con 40 años de creada, que importa, exporta, produce y comercializa bienes y servicios, con un importante peso en la economía cubana.

No son las únicas empresas acusadas de 'traficar' con bienes estadounidenses, también las hay extranjeras incluidas algunas de las que mayor presencia e inversiones tienen el sector turístico.

Carnival Cruise, la primera compañia extranjera demandada, suspendió los viajes de sus cruceros a puertos cubanos luego que la Casa Blanca los prohibiera como parte de un paquete de medidas destinadas a impedir a los estadounidenses visitar a la vecina ínsula.

Según el ministro de Turismo, Manuel Marrero, más de medio millón de turistas estadounidenses y de otras nacionalidades fueron afectados, en un accionar destinado a golpear la industria turística y los ingresos de Cuba.

A la par, el Gobierno de Estados Unidos tiene una lista negra que crece continuamente y suma más de 200 compañías y entidades cubanas a las que Washington prohibe hacer transacciones y negocios con socios extranjeros, sujetos a castigos.

Pero el compás que abre el Título III de la Helms-Burton no resulta nuevo para Cuba.

No es la primera vez que entidades cubanas defienden sus intereses en tribunales del país norteño. Desde 1960 así ocurrió en más de 40 oportunidades, en algunas de las cuales se consiguieron fallos favorables.

Cuba se ha mostrado dispuesta a negociar con Estados Unidos una posible compensación a ciudadanos de aquel país, pero a la par reclama que Washington pague la factura de los daños ocasionados por su política de cerco, que a fines de 2018 sumaba, según La Habana, más de 933 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo La Habana subraya que la Ley Helms-Burton es inaplicable en el territorio nacional, sin efecto jurídico alguno.

Bajo los términos de esa legislación no habrá entendimiento alguno con Washington, enfatizó el presidente Miguel Díaz-Canel en Bayamo, en el Oriente cubano, cuando pronunció el discurso central por el Día de la Rebeldía Nacional.