De la vida cotidiana: ¿Por dónde anda la resolución 54?

Alguien dijo sabiamente el otro día en una parada de ómnibus que “la Constitución se ha `comido` a la resolución 54 de la protección al consumidor”, puesta en práctica hace unos meses por el Ministerio de Comercio Interior.

El señalamiento no deja de tener cierta razón, pero no es tan así, pues de alguna manera muchas de las intervenciones que hoy tienen lugar como parte de la consulta popular guardan relación directa con el tema.

Es cierto —¡y por suerte!— que el debate sobre la reforma constitucional, el cual prevé el futuro del país para los próximos años, centra hoy la mirada de millones de cubanos.

Muchas de las intervenciones que hoy tienen lugar como parte de la consulta popular guardan relación con la protección al consumidor.

Los ciudadanos han acogido este ejercicio democrático como tribuna ante las dificultades por resolver en más de un ámbito de la vida cotidiana, donde precisamente la protección al consumidor resulta una cuenta pendiente. 

No obstante, queda claro que la Carta Magna de la República no puede contemplar todo, no es un saco para echar cualquier cosa. Una vez aprobado el Proyecto en referendo popular habrá que elaborar y dictar leyes que complementen lo expuesto en la Ley de Leyes.

En los debates que hoy tienen lugar en los centros de trabajo y de estudio, en las comunidades y en los barrios, las ideas transitan por cuestiones medulares de las que no escapan, por ejemplo, la calidad de los servicios, y entre ellos los de educación y salud, por mencionar dos de ellos.

El vocablo calidad es recurrente, pues calidad de vida —al fin y al cabo es lo que ansiamos— implica también recibir buenos servicios en cualquier lugar y a toda hora.

La población viene aquejada de este mal hace muchos años, pero el asunto parece ser una espiral. La misma persona que maltrata en un determinado puesto, sobre todo de cara al público, también es víctima cuando recibe otro servicio. Es decir, que todo queda entre nosotros mismos.

Las ideas en torno al nuevo Proyecto de Constitución abarcan también asuntos tan importantes como las respuestas a las quejas y los plazos, lo cual deberá quedar establecido después en varias normas, segun las características y prioridades de las problemáticas. 

Otra cuestión recurrente es el salario, y en ello inciden los altos precios de los alimentos, sobre todo de los que se comercializan bajo el concepto de oferta y demanda, aunque el Estado garantiza y subsidia determinados productos (tal es el caso del arroz), pero claro no son suficientes.

Los altos precios de los alimentos, sobre todo los que se comercializan bajo el concepto de la oferta y la demanda, son de los planteamientos mas frecuentes en la consulta popular sobre el Proyecto de Constitución.

La población solicita casi a gritos una ley de precios o el control de estos a punta de lápiz, con el propósito de que unos pocos no sigan ensanchándose los bolsillos a costa del sudor del pueblo.

Muchos son los tópicos relacionados con la protección al consumidor que, de una u otra forma, están presentes en el nuevo Proyecto Constitucional. Habrá que seguir muy de cerca el rumbo de los planteamientos, sin pretender —como dije antes— que todo quede recogido en Ley Suprema del Estado.

Cuando este proceso haya finalizado y el país cuente con una nueva Carta Magna entonces tendremos que asumir la actitud cotidiana de llevarla con nosotros y exigir en cada lugar y momento lo que corresponda, sin tampoco dejar a un lado la resolución 54. A eso debemos llegar.