¿Volverá a incumplir?: Acorralado, Lasso tuvo que pactar con indígenas

Presionado por un asustado gabinete y una oposición parlamentaria que lo mantuvo en el poder, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se vio obligado a pactar con un movimiento indígena que se mantuvo movilizado durante 18 días en espera de que se aprobaran sus demandas, so pena de regresar con más ahínco a un paro general que esta vez mantuvo en vilo al país y que por primera vez tuvo un apoyo logístico de una población cansada de un mandatario que sólo gobierna para los ricos y apenas tiene un 17,1% de aceptación.

Hubo más unidad indígena, aunque alguna insatisfacción por lo poco que se logró respecto al precio de los combustibles, con la promesa oficial de que todo sería resuelto en 90 días, con el fin de evitar un nuevo levantamiento.

El paro nacional, que empezó el 12 de junio y finalizó el 30, había lanzado un pliego de 10 exigencias. A diferencia del levantamiento de octubre del 2019 en contra del Decreto 883, que subía el precio de los combustibles, estos 10 puntos son un programa mínimo de gobierno del que Lasso carece. 

Las exigencias comprenden problemas coyunturales e históricos como los subsidios, el libre ingreso a la educación superior, el empleo y la precarización laboral, la economía del campo, la oposición a la privatización y la entrega al Fondo Monetario Internacional (FMI), las políticas contra el narcotráfico y la inseguridad, la no concesión a la megaminería y los derechos de la naturaleza. 

Con estas propuestas se levantaron los indígenas y campesinos, que llamaron al diálogo, rechazado dos veces por Lasso, tras lo cual anunciaron: “¡no nos vamos a detener como en octubre!”. Y aunque esta vez el acuerdo se firmó con apenas logros pírricos en la rebaja de los precios del combustible y aceptación de algunas demandas mayores y posterior cumplimiento de las demás, la masa indígena levantó el paro y regresó a sus lares, donde se mantiene alerta ante nuevos incumplimientos oficiales, con líderes que han subrayado que no se vendieron al gobierno.

Y aunque no soy muy partidario del detallismo para no caer en redundancias, en esta ocasión vale la pena exponer el convenio y la participación de las principales figuras participantes.

LO ACORDADO

Con la mediación pedida por los aborígenes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), ambas partes se reunieron en la sede de esa institución, en Quito. Participaron como delegados del mandatario el ministro de Gobierno, Francisco “Pancho” Jiménez; el secretario de la Administración, Iván Correa; y el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. Por el movimiento indígena, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza; de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), Gary Espinoza; y el del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Eustaquio Tuala; además del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Cabrera, y otras autoridades de la Iglesia Católica.

Tras una sesión que se instaló desde muy temprano en la mañana y concluyó pasadas las 14:30, se acordó:

1.- El régimen aceptó bajar cinco centavos más a los precios del galón de la gasolina extra y ecopaís y al del diésel, con lo cual en ambos casos se redujeron en quince centavos, contando los diez que dispuso días atrás. Con ello quedarán en 2,40 dólares las gasolinas y en 1,75 el diésel. Además, se trabajará en políticas para focalizar los subsidios de los combustibles.

2.-Se derogará el Decreto Ejecutivo 95, que se refiere a la política petrolera.

3.-Se reformará el Decreto Ejecutivo 151 en el sentido de que no se podrá realizar actividad minera en zonas protegidas y arqueológicas, o de protección hídrica; y que se respetará el derecho a la consulta previa libre en los pueblos indígenas.

4.-Se elaborará un proyecto de ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Organización de la Circunscripción Territorial Amazónica.

5.-El Gobierno destacó que, en atención a los pedidos de la CONAIE, la FEINE y la FENOCN, se elaboraron los siguientes decretos ejecutivos:

* 452, que dispone a gobernadores intensificar operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos, que elevan precios.

* 454, que se dispone declarar en emergencia salud.

* 456, que plantea políticas públicas compensatorias para el sector rural y urbano, como el aumento del bono de desarrollo humano a 55 dólares, o el incremento del presupuesto a la educación intercultural bilingüe.

* 462, que reduce el precio del diésel y de la extra y la ecopaís en 10 centavos de dólares (en total, 15).

6.- Asimismo, el régimen se comprometió a derogar el estado de excepción que rige en varias provincias conforme retorne la paz social.

7.-Los comparecientes acordaron instalar una mesa de diálogo con garantes con una metodología para tratar temas pendientes en la agenda de diez pedidos de la CONAIE, con una duración de 90 días.

8. De conformidad con lo estipulado, los movimientos indígenas declararon el cese de las movilizaciones y el retorno a los territorios y suspensión de actos que alteren la paz.

En el texto se menciona que el gobierno acogió una parte de las propuestas presentadas con medidas compensatorias, pero que también reconoció que se deben identificar en conjunto las mejores vías a estas soluciones. Y que ambas partes manifestaron la necesidad de diálogo para reconciliar al país.

UN MAL CON LARGA HISTORIA

Recordemos que Guillermo Lasso, banquero y empresario, que llegó a tener 14 cuentas en paraísos fiscales para eludir impuestos, y el segundo presidente latinoamericano con más dinero, llegó a la presidencia de Ecuador con el apoyo indígena, con el que se comprometió con las diez promesas que nunca cumplió. Empero, sigue teniendo el apoyo del partido indígena Pachakutic, que, con 27 diputados, se opuso tenazmente a su destitución, además de que su líder, Yaku Pérez, a quien el mandatario birló su postulación en la segunda vuelta electoral, mantiene una fuerte oposición a Iza, acusándolo de correísta.

De todas maneras, el gobierno de Lasso entró a gobernar ya debilitado políticamente, con una Asamblea en que no predominaba fuerza alguna, pero se compuso por los bloques de la burguesía tradicional. Varios de sus integrantes provienen de la estructura estatal de los años noventa neoliberales. Los líderes jóvenes del Estado han sido afincados tempranamente en la rancia oligarquía ecuatoriana.

Lo cierto es que aparte de la vacunación anti COVID-19 del 80% de la población en 100 días, que efectivamente logró el gobierno, su programa electoral ha sido escasamente cumplido. Sus propuestas demagógicas se quedaron en la tibia retórica.

Pero, como recogen acertadamente sus detractores, lo que sí ha hecho el gobierno de Lasso es repartir a manos privadas al menos 22 bloques petroleros y 48 gasolineras, reactivar las concesiones para la gran minería, recortar los presupuestos para la salud y la educación, incumplir los pagos estatales para la seguridad social, seguir con el endeudamiento externo y subir los impuestos para las clases medias. 

Por ese camino, también inició la venta del Banco del Pacífico, empresas eléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y otras públicas. Lasso siguió la política de Moreno –su discípulo- y terminó de quitar los subsidios para la gasolina, lo que ha disparado los precios de los productos y bajado la capacidad adquisitiva de la gente. 

Las redes mafiosas y de corrupción han inundado el Estado y la sociedad civil, enfrentando al ciudadano de a pie con la inseguridad, la sangre y la muerte. Las matanzas y hacinamiento en las cárceles es el foco de los circuitos de la droga.

No sé si Lasso cumplirá lo prometido, so pena de un levantamiento no sólo indígena, sino también de otras clases desposeídas y maltratadas, pese a la permitida represión de la policía y el ejército, amparada y alentada por los mayoritarios y racistas medios de comunicación. 

Todo reflejo de la colonización del poder y la lucha de clases que no ha cambiado su estructura. No son meras afirmaciones. Veamos: 

La tierra sigue estando monopolizada por pocas familias, quienes también concentran el agua; las haciendas de monocultivos rigen de modo autoritario la economía y la política, la cultura colonial pervive en la educación y en la forma de dirigir las instituciones del Estado. Las etnias y nacionalidades indígenas siguen separadas de las burocracias centrales.

Y es que esos elementos coloniales, feudales, tal como ha señalado el presidente electo Gustavo Petro que ocurre en Colombia, defienden su posición de poder contra los marginados.