Tiempos difíciles para Petro

A lo peor para el año que viene se tratará de producir el nada imaginativo golpe de Estado legislativo contra el gobierno de Gustavo Petro, cuyas propuestas de reformas no prosperan en un Parlamento en el que se halla en minoría por el abandono de algunos partidos que integraban el Pacto Histórico y la extrema derecha no asiste para evitar el quorum requerido y hundir el necesario proyecto de beneficio popular.

Petro reconoce que el camino de reformas pospuestas históricamente –o de las reformas propuestas por su gobierno– comprende necesariamente nuevos diseños constitucionales, así estos por sí solos no representen una garantía de su materialización. 

Y a pesar de que son proyectos moderados, que requieren de un posterior y más fuerte apoyo de las fuerzas progresistas, aquellos que controlan el poder financiero mueven a troche y moche a un legislativo donde la derecha es mayoritaria para dar al traste con las propuestas presidenciales.

Así, la reforma política, que se hundió la noche del lunes en el Congreso colombiano, fue el segundo revés que sufre en menos de una semana el gobierno de Petro, luego de que el pasado 11 el legislativo también rechazara una reforma fiscal para completar el presupuesto del 2025.

La reforma política tenía tres ejes centrales: la transparencia y financiación 100% estatal de las campañas electorales, el fortalecimiento de los partidos y listas cerradas con equidad de género y la garantía de una autoridad electoral estable e independiente de la política partidista.

La iniciativa ni siquiera fue sometida a discusión en el cuarto debate de los ocho necesarios por falta de quórum. Por tratarse de una reforma constitucional, necesariamente debía pasar el cuarto debate antes de que culminaran las sesiones ordinarias en el Congreso, que terminaron el lunes.

La administración de Petro ya había intentado hacer una reforma política, pero en marzo del 2023 el Congreso también la hundió por las férreas críticas provenientes de las filas de la oposición y del mismo oficialismo, por lo que el gobierno no tuvo otra opción que retirarla.

Ello es un golpe más a la agenda de Petro, cuando hace menos de una semana las comisiones económicas le archivaron el proyecto de reforma tributaria con la cual el Gobierno pretendía recaudar 9,8 billones de pesos (unos 2 227 millones de dólares) para financiar parte del presupuesto del 2025.

Según dijo entonces Petro, en el Congreso “decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media para proteger los grandes pulpos”, refiriéndose a “unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea”.

Igualmente aseguró que la no aprobación de la reforma tributaria es una forma que utilizan los políticos tradicionales para volver al poder en las elecciones del 2026, cuando se elegirá a su sucesor.

En medio de estos reveses, el gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de que avance el proyecto de la reforma a la salud, luego de que hace unos meses se hundiera el primer proyecto.

En ese contexto, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas dijo que el proyecto, compuesto por 64 artículos, presenta múltiples fallas que afectan derechos fundamentales como la libre elección de prestadores de los servicios de salud, la financiación del sistema, y la calidad de atención para pacientes de mediana y alta complejidad.

HAY RAZONES…

… para pensar que la posibilidad de una interrupción presidencial o incluso un golpe blando o legislativo. 

El 8 de octubre pasado el Consejo Nacional Electoral CNE) decidió iniciar una investigación y presentar cargos contra el presidente por supuestas irregularidades durante su campaña de 2022. El órgano de control acusa a su candidatura de haber excedido los límites legales de gasto y de recurrir a fuentes de financiación no permitidas. 

Petro reaccionó al anuncio alertando del inicio de un golpe de Estado contra su gobierno y convocó a sus seguidores, quienes se manifestaron para defenderlo. El ejecutivo alega que el CNE no puede investigar al presidente y que se trata de una maniobra política dirigida por algunos “personajes nefastos” que actualmente integran ese órgano.

El proceso abierto por el CNE tiene naturaleza administrativa y si se probara que hubo irregularidades la sanción sería una multa. Este órgano no tiene potestad para destituir al presidente y por el momento no se ha abierto ninguna investigación penal en la Corte Suprema, la cual exigiría la autorización previa del Congreso. Entonces, ¿por qué Petro denuncia un posible golpe?

Además de contar con un Congreso hostil, hay otras  razones para pensar que la posibilidad de una interrupción presidencial o incluso un golpe blando no es una simple “cortina de humo”, sino un riesgo plausible. Por un lado, la investigación abierta contra Petro dista mucho de ser imparcial debido a la composición del ente electoral.

La politización del CNE y de otros organismos de control es un problema que arrastra el país de tiempo atrás, pero eso no resta gravedad al asunto. En la actualidad, el órgano está presidido por César Lorduy, excongresista de la oposición, acusado de feminicidio en 1979 y cuyo proceso no terminó en condena, sino que prescribió. Asimismo, la investigación contra Petro fue iniciada por el magistrado Álvaro Prada, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático (partido del expresidente Uribe), investigado por la Corte Suprema por un delito de soborno de testigos.

La imparcialidad del órgano electoral también queda en entredicho por el hecho de que es la primera vez, desde su creación en 1991, que inicia una investigación contra un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, a pesar de que algunos de sus predecesores, como Ernesto Samper o Iván Duque, también fueron investigados por financiación irregular durante sus campañas.

Según la oposición, su reacción es una “cortina de humo” que trata desviar la atención sobre la financiación de su campaña y la mala gestión del gobierno durante estos dos años. Sin embargo, el Presidente colombiano sí tiene motivos suficientes para temer, no tanto un golpe militar a la antigua usanza, sino una interrupción presidencial que lo aparte del gobierno, con la interpretación forzada de las normas constitucionales y tras aplicar una estrategia de desgaste y deslegitimación con apoyo de poderes no democráticos como el judicial, el económico y el mediático.

La Constitución de 1991 establece que el presidente sólo puede ser destituido o suspendido por un juicio político ante el Congreso. En este procedimiento, la Cámara de Representantes ejerce la acusación y al Senado le corresponde admitirla o no y decidir sobre la continuidad o destitución del funcionario público electo. Al igual que ocurre en otros países latinoamericanos, en Colombia la acusación no se restringe a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, sino también contempla la “indignidad por mala conducta”, una causa lo suficientemente ambigua para servir de base en un eventual juicio político por financiación irregular contra el presidente. 

Si bien durante los primeros meses de su periodo Petro contó con el respaldo de la mayoría de diputados en ambas cámaras, a lo largo del 2023 perdió buena parte de este apoyo. De ahí, las dificultades que está teniendo para sacar adelante su programa.

Otro motivo para sospechar de una interrupción de mandato o golpe blando contra el presidente son los precedentes tanto en Colombia como en la región. 

Ya durante su etapa como alcalde de Bogotá en el 2013, Petro fue destituido de su cargo e inhabilitado para aspirar a cargos públicos por un período de 15 años por la Procuraduría, un órgano de control con capacidad de sanción administrativa que en ese momento estaba bajo el mando de Alejandro Ordóñez, un político ultraconservador enfrentado al entonces alcalde.

Una situación, por ende, con cierto parecido a la actual, pero con dos diferencias sustanciales: la Procuraduría, a diferencia del CNE, sí tiene potestad legal para destituir del cargo al alcalde y no era la primera vez que removía a un alcalde electo. En esa ocasión, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al presidente Juan Manuel Santos restituir en su cargo a Petro después de que un ciudadano interpusiera una tutela contra la decisión de la Procuraduría.

En julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por violar los derechos políticos de Petro, alegando que las normas colombianas que facultan a entidades administrativas a imponer sanciones de este tipo a funcionarios electos democráticamente constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por suerte para Petro, su posible remoción tiene un sólido muro de contención: la vicepresidenta, Francia Márquez, que le sucedería en el cargo y a la que sus contrarios perciben como una alternativa peor que el Presidente.