Acabar la corrupción e impunidad, objetivo del gobierno mexicano
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En un esperado acto en el Patio de Honor del Palacio Nacional con los integrantes del gobierno, los poderes judicial y legislativo, instituciones oficiales e invitados especiales, el mandatario Andrés Manuel López Obrador rindió su primer informe oficial como marca la ley que se debe hacer cada 1 de septiembre como fue establecido por el presidente Venustiano Carranza.
Realmente sería el tercer informe a la nación, el primero de ellos a los 10 días de gobierno y el segundo a los 200, pero este de hoy es considerado el obligatorio pues corresponde al pliego que los mandatarios del país deben entregar al legislativo en el inicio de su período ordinario de sesiones para la elección de sus mesas directivas, en este caso el 5 de septiembre.
En un patio de ceremonias abarrotado de invitados, López Obrador recordó que cuando tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre asumía el compromiso de convocar a los ciudadanos para construir la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
Ese compromiso, dijo, se ha venido ejecutando y esa política se está convirtiendo en realidad en práctica cotidiana con la lucha contra la corrupción y la impunidad como punta de lanza.
Ya por ejemplo, dijo, se ha concretado la separación del poder económico del político, emporio de corrupción, y el gobierno actual representa ahora a todos, a ricos y pobres, a creyentes y libres pensadores y a todos los ciudadanos al margen de ideología, orientación sexual, cultura, idioma, origen, posición socioeconómica y otras diferencias.
La esencia de la propuesta, dijo, es convertir la honestidad y autoridad en forma de vida y de gobierno. La crisis moral actual se originó por el fracaso modelo económico neoliberal en 36 años de predominio de la más inmunda corrupción pública y privada. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, acotó.
En este objetivo hemos avanzado mucho, acabamos con el huachicol (robo de combustibles), jugoso negocio para delincuentes y funcionarios.
Expresó que existe el estado de derecho y se convirtió en práctica generalizada el ideal de los libertadores de al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
Aseveró que el gobierno no compromete la soberanía de los órganos del poder ni de organizaciones de derechos humanos y no interfiere en la vida interna de sindicatos ni de partidos políticos y facilita el tránsito de una verdadera democracia y se acaba la tradición de fraudes electorales.
Indicó, además, que se habilita la revocación de mandatos como forma efectiva de control de los mandantes y solicitó que el congreso apruebe la reforma propuesta de erradicar trabas legales para la aplicación de métodos nuevos de consulta popular que elimine el fuero a representantes del país incluido el presidente de la República.
En política exterior reiteró que 'el respeto a todos los países, en especial América Latina y el Caribe, esos lineamientos son evidentes en el caso de las naciones centroamericanas a las que nos unen estrechos vínculos por vecindad cultura e historias compartidas'.
Incluyó en ese análisis a Estados Unidos para insistir en que esas relaciones se conduzcan con base en el respeto mutuo, cooperación, desarrollo y solución negociada en los asuntos comunes como los migratorios de sur a norte, las situaciones adversas que enfrentan mexicanos allá, y el delito transnacional de tráfico de personas, de armas, drogas y divisas.
Ratificó que su gobierno defenderá a los mexicanos residentes en Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino, pero se aplicará la ley de consulados que ya operan para defender a los migrantes mexicanos en base a los convenios internacionales.
El mandatario cerró su comparecencia con un minucioso relato de todo lo que su gobierno ha avanzado en materia de bienestar social, economía interna, distribución de la riqueza y planes sociales dentro del centenar de compromisos establecidos el 1 de diciembre en el Zócalo cuando asumió la presidencia hace solo nueve meses.
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