Cowboy Lasso: Guerra sí, juicio no

Al más puro estilo del inventado «western» norteamericano, copiando a la mugre armada que reina sobre los sumisos floridanos y el resto de los ciudadanos de la Unión, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha abanderado, hecho aprobar y ejecutar la entrega de armas a los civiles que lo deseen para que puedan combatir a la delincuencia reinante en la nación suramericana.

No han bastado los asesinatos extrajudiciales, con escenas dantescas de colgamiento y hasta la exhibición de órganos humanos desmembrados, ni tampoco que la población penal dirima sangrientamente sus rencillas por el poder en los recintos carcelarios, donde reina el hacimiento, el hambre y el maltrato oficial.

El armar e incitar a la violencia a la población civil es la única respuesta de Lasso a la impotencia de las llamadas fuerzas del orden ante un fenómeno que pica y se extiende con la complicidad de quienes deben solucionar tal situación, pero están implicados en redes maleantes con el fin de lograr jugosas ganancias, principalmente con el narcotráfico.

Enredado con problemas judiciales que le pueden costar el cargo, el mandatario viola toda la extensa gama que comprenden los derechos humanos, al no atender los problemas de fondo de la desigualdad social, adopta las medidas draconianas de lo peor del establishment estadunidense y, de paso, trata de ganar tiempo para hacer fracasar el juicio político que le están armando por sus devaneos corruptos, que ya habían sido indicados desde el escándalo de los Panama´s Papers y su  reconocimiento de haber tenido 14 cuentas en paraísos fiscales para no pagar impuestos, aunque ello, aseguró, no existía ya.

Así y todo, sigue siendo presidente de Ecuador, mientras la mayoría de la derecha que lo apoya confunde maliciosamente entre juicio político y juicio penal; sin embargo, el Artículo 129 de la Constitución es claro en manifestar que no es necesario el enjuiciamiento penal, previo al juicio político. Las pruebas penales tendrían que ser sustanciadas en un proceso para el caso en particular. 

La historia parlamentaria ecuatoriana dejó un precedente, el juicio político contra Jorge Glas, en el cual los asambleístas de la mayoritaria reacción de entonces, establecieron que bastaba con que el exvicepresidente haya estado encargado de las áreas estratégicas en corrupción, para que amerite culpabilidad y «responsabilidad política». 

La firma de Guillermo Lasso en el Decreto 163, de agosto del 2021, en el que otorga a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), el poder de 12 directorios con más de 13 000 millones de dólares de presupuesto, así como el nombramiento de Hernán Luque como presidente de EMCO, actualmente prófugo, cumplen el mismo papel para el actual juicio político. La espera continúa.

En tanto, los propietarios de los bonos de la deuda ecuatoriana, como siempre, se manejan en sigilo, con cláusulas de confidencialidad, contratos oscuros, y la mayoría tienen conexiones empresariales, financieras, de amistad y familiares con el gobierno de Lasso. 

La deuda ecuatoriana sobrepasa el 61% del Producto Interno Bruto, más de 65 000 millones de dólares. Los bonos, según la agencia Bloomberg, debido al posible juicio político contra Lasso, han perdido un 17% de su valor. Obviamente, los dueños de los bonos han puesto el grito en el cielo, y coincidentemente, las fuerzas gubernamentales han logrado mover algunos votos de la Asamblea a favor de Lasso.

El requerimiento de juicio político a la Corte Constitucional ya tiene más de 46 votos como establece el Artículo 129 de la Constitución). La Corte tendrá cinco días para pronunciarse. Una fracción de Pachakutik, partido indígena clave para que Lasso llegara y se mantuviera en el poder, se ha expresado abiertamente a favor del mandatario, por lo que hay dudas de que el proceso tenga un final con la salida del presidente, pero hay que esperar.

Mientras, la situación de la nación se deteriora política y económicamente, y en lo social se acentúa esa desigualdad que golpea a los más pobres, como esas indígenas ecuatorianas que sufren día a día las consecuencias de un régimen de opresión.