Revelan 40 videos de torturas a testigos del caso Ayotzinapa

Revelan 40 videos de torturas a testigos del caso Ayotzinapa
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Fecha de publicación: 
25 Septiembre 2021
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Foto: Telesurtv.

El extinto Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) de México grabó 40 videos donde diversos funcionarios públicos torturaban a los testigos del caso de desaparición de los 43 normalistas en 2014, para imponer la presunta verdad histórica de los hechos.

Los videos fueron descubiertos por la Unidad Especial de Investigación y Litigación según funcionarios cercanos a la investigación que reseñaron medios locales.

Las 40 grabaciones integran un expediente que construyeron los investigadores del caso y quienes han determinado que las primeras evidencias fueron manipuladas.

Los interrogatorios fueron realizados durante el período octubre 2014 a enero 2015 y tenían como objetivo que los testigos y sospechosos del caso repitieran la versión de los hechos del entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, y de Tomás Zerón de Lucio, quien fuera director de la agencia de Investigación criminal.

De acuerdo con los funcionarios, las indagaciones sacaron a la luz que hubo montaje de escenas del crimen, fabricación de pruebas, destrucción e inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde hubo elementos relevantes, entre otras acciones.

Los medios locales también revelaron que en las grabaciones aparecen el exjefe de la Unidad de Investigación Antisecuestros de la Fiscalía, Guadalberto Ramírez, otros funcionarios de la Procuraduría y miembros de las fuerzas de seguridad durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Igualmente, algunos defensores públicos fueron asignados como abogados de los detenidos, aplicando tratos inhumanos a las víctimas, dándoles instrucciones o siendo testigo de esos hechos sin poner reparos.

Los videos están en un expediente de evidencias repartidas en 57 carpetas digitales, que se suman a otras pruebas forenses obtenidas de teléfonos celulares extraídos de forma ilegal por la Procuraduría General, que se emplearán en las denuncias por asociación delictuosa contra los sospechosos por falsificación de investigaciones oficiales.

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