Más de 10.000 personas en Haití han sido desplazadas internamente solo en la última semana, debido al aumento de los ataques de las pandillas que controlan la capital. La situación de violencia se recrudece al tiempo que en República Dominicana las autoridades adelantan deportaciones masivas de ciudadanos haitianos. La ONU advirtió que esas expulsiones son "una amenaza para sus vidas".

Una escalada de violencia en medio de dificultades para refugiarse. Es la situación que afrontan los ciudadanos haitianos.

Solo en la última semana, 10.000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y territorios a causa de la violencia de las pandillas, según estimaciones de Naciones Unidas.

En los últimos siete días, las pandillas han intensificado los ataques en varias localidades fuera de la capital, donde gran parte de la ciudad y sus suburbios están bajo el control de grupos armados ilegales, unidos bajo la alianza común conocida como ‘Viv Ansanm’.

Una presencia expandida de las pandillas también supone el apoderamiento de las tierras de cultivo que pertenecen a los hogares campesinos y se traduce en rutas de transporte bloqueadas, que dejan sin opciones de ingresos estables a las familias.

Las pandillas recrudecen sus ataques mientras intentan ganar terreno en las zonas que aún no controlan y afectan a un país que, para principios del pasado septiembre, ya acumulaba más de 700.000 personas desplazadas internas, según reportes de la Organización Internacional para las Migraciones.

Además, el conflicto alimenta una hambruna en sectores de la población, ya que las bandas se apoderan de las tierras agrícolas y bloquean las rutas de transporte, mientras que las personas obligadas a huir de sus hogares ya no pueden depender de ingresos estables para comprar alimentos.

Los haitianos viven entre el desplazamiento forzado, dentro y fuera de su país, y las deportaciones. La ONU lanzó varias advertencias sobre las expulsiones de los ciudadanos de la nación caribeña desde República Dominicana, país con el que comparten la isla La Española.

Las declaraciones llegaron desde la oficina del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en las que, aunque reconocen que debe respetarse “la soberanía del Estado y la seguridad nacional” de República Dominicana, también debe tenerse en cuenta “un enfoque humanitario para aquellos que necesitan protección”.

Y es que el Gobierno del presidente Luis Abinader, quién ganó un segundo mandato el pasado mayo, ha impulsado deportaciones masivas e inéditas de haitianos que llegan a su territorio.

En total, desde el pasado 1 de octubre y hasta el martes 22, República Dominicana ha deportado a 27.352 ciudadanos haitianos, mientras que otros 8.721 han regresado a su país de forma voluntaria en el mismo período, según datos oficiales.

Números que están detrás de un plan operativo de repatriar a 10.000 migrantes por semana, que aunque está pensado para cualquier inmigrante irregular, afecta casi exclusivamente a los haitianos, que encuentran algo de refugio temporal en el vecino país.

Para la ONU, teniendo en cuenta la gravedad de la situación en Haití, debería reservarse "un tratamiento humanitario a todos los que necesitan protección", ya que las “deportaciones forzosas pueden poner en peligro las vidas de mujeres, niños y hombres haitianos".

La Organización ha propuesto al Gobierno dominicano un sistema de agencias “para garantizar medidas de protección accesibles a quien las necesite".

¿Escasa ayuda internacional?

Si bien la ONU autorizó una fuerza internacional para ayudar a la Policía de Haití a recuperar el control de las pandillas, la misión ha contado con pocos recursos y ha producido escasos resultados. Cuenta solo con 400 oficiales kenianos y ya posee un déficit en sus fondos.

Una ausencia de resultados que ya lleva a cuestionar el funcionamiento de la fuerza internacional, ya que las autoridades de Haití han solicitado que la fuerza se convierta en una “misión formal de mantenimiento de la paz”, con el fin de aprovechar los recursos, idea que fue bloqueada el mes pasado por China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Justamente ahí, en el órgano de mayor nivel en seguridad de Naciones Unidas, el pasado 30 de septiembre, por unanimidad, se otorgó la extensión por un año más el funcionamiento de la fuerza de seguridad internacional liderada por Kenia que ayuda a combatir a las bandas armadas en Haití.

Una extensión de operaciones que se hizo incluso cuando varios líderes haitianos advirtieron sobre el empeoramiento de la inseguridad en el país caribeño, con pandillas cada vez más fortalecidas con armas que trafican en gran parte desde Estados Unidos, mientras ostentan un dominio sobre la mayor parte de la ciudad.

Las bandas criminales, que hacen que el caos y descontrol reinen en Puerto Príncipe, anteriormente tenían como objetivo la Policía nacional, los grupos civiles de autodefensa y la infraestructura estatal, pero ahora, también han comenzado a atacar vehículos extranjeros.

La Embajada de Estados Unidos en Haití informó el pasado lunes 21 de octubre a la agencia de noticias Reuters que dos de sus vehículos blindados fueron blanco de disparos de pandillas. Uno de ellos fue alcanzado por varias balas, aunque nadie resultó herido.

Un helicóptero de la ONU con 18 personas a bordo también fue alcanzado por disparos el jueves 24 de octubre, mientras sobrevolaba Puerto Príncipe, según reportó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en un comunicado.