Los familiares de los cuatro menores asesinados en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, cuya desaparición forzada ocurrió el pasado 8 de diciembre, han afirmado que valoran la solicitud de una investigación exhaustiva sobre el caso, apelando a instancias internacionales, así como la realización de nuevas pruebas de ADN en el exterior.

El tío de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Antonio Arroyo, declaró a medios locales que los padres de los menores dudan de que los cuerpos encontrados pertenezcan a sus hijos, por lo que evalúan solicitar la realización de otra prueba genética fuera del territorio ecuatoriano.

La tía de ambos hermanos, Jessica Cambido, también aseguró que las familias quieren evitar «que esto quede en la impunidad, como ha pasado con tantos otros casos. La brutalidad de lo que les hicieron no tiene explicación ni justificación».

En ese sentido, detalló que los menores eran estudiantes y deportistas que soñaban con ser futbolistas profesionales, no tenían tatuajes en sus cuerpos y tampoco integraban ninguna banda delincuencial, como se pretendió difundir en algunos espacios digitales.

De igual manera, las familias esperan que se reformulen los cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea que se encuentran detenidos por la desaparición forzada y que se inicie una nueva investigación en su contra bajo los cargos de asesinato.

Asimismo, se espera que la comunidad internacional se sume al pedido de justicia por el asesinato de los menores Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda, quienes el pasado 8 de diciembre fueron sometidos a una desaparición forzada tras salir de un juego de fútbol.

ONU exige al Gobierno de Daniel Noboa investigar caso de los niños asesinados

La Oficina Regional para América del Sur de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió el viernes al Gobierno ecuatoriano que realice una investigación exhaustiva sobre el caso de los cuatro menores asesinados en la ciudad de Guayaquil, así como enjuiciar a los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición de estos hechos.

Por medio de un comunicado, el ente internacional precisó que «al igual que la sociedad en su conjunto, ONU Derechos Humanos recibió con consternación la noticia de la identificación de los cuerpos de los menores de edad y, al mismo tiempo que solidariza con las familias, condenó enfáticamente los hechos ocurridos».

Considerando lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la ONU exige que «la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes».

Al respecto, el representante del ente en la sección de Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, recalcó que «la investigación de tan grave atropello debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando», y llamó además a evitar la revictimización de las familias.

Jarab instó además al Gobierno de Ecuador a que investigue otras denuncias de desaparición forzada que han emergido en el contexto de visibilidad mediática que alcanzó el caso de los cuatro menores de edad asesinados.

«Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país», sostuvo Jan Jarab.