Paraguay: Injusticia en la tierra del latifundio

La gran prensa controlada por la reacción ha tratado de echar tierra al escandaloso juicio de hace un año y lamentable condena, dada a conocer ahora, a once campesinos paraguayos, entre ellos tres mujeres, acusados de haber sido los responsables de la denominada Matanza de Curuguaty, en el curso de un desalojo policial, en lo que fue un intento oficial para silenciar la verdad y cercenar la lucha popular contra el latifundio, y sirvió de pretexto para acelerar el “golpe blando” contra el entonces presidente, Fernando Lugo.

La "Masacre de Curuguaty" ocurrió el 15 de junio del 2012 en un predio rural que está en litigio entre privados y el Estado, cuando más de 300 policías llegaron con la orden de desalojar a unos 60 campesinos que ocupaban el establecimiento. En un confuso choque armado murieron 11 campesinos y seis policías, incidente que derivó en un juicio político al entonces presidente constitucional Fernando Lugo, finalmente destituido por el Congreso, dominado por la oposición.

El telón de fondo de todo esto se encuentra en el hecho de que Paraguay sigue siendo uno de los países con mayor concentración de la tierra, donde el 2,5% de la población tiene casi el 90%, lo cual se acentúa con el modelo agroexportador sojero y sin resolver el derecho del campesinado.

El más castigado fue el dirigente Rubén Villalba, condenado a 30 años, más cinco de medidas de seguridad; mientras que el también campesino Luis Olmedo irá a la cárcel por 20, y las tres mujeres a seis.

Quizás algunos hayan visto en las películas sobre el salvaje oeste norteamericano aquellos juicios en los que, por muy poca cosa, se llevaba a la muerte a un inocente o se absolvía a un culpable, pero se tenía en cuenta la opinión verídica o no de los testigos.

Pues, bueno, esto fue peor, porque no hubo policías implicados, la acusación no presentó testigos de cargos, solo se leyeron los hechos que imputaban a los acusados y se hizo caso omiso de la defensa, que pretendió recusar a los miembros del tribunal y presentó un detallado testimonio de los hechos, incluso con pruebas fotográficas. "Esto no termina aquí. Va a seguir y estudiaremos apelaciones y otras instancias legales para que se revise esta vergüenza, este bochorno", dijo el abogado Pablo Aguayo.

Todo fue tan escandaloso, que el público presente se negó a abandonar la sala, y en las afueras centenares de personas protestaban contra las condenas, mientas se reforzaba el cordón policial allí y en los alrededores de la residencia oficial del presidente Horacio Cartes.

Pero la fiscalía y ese tribunal no estuvieron solos para llevar el juicio con la clara intención de condenar al campesinado, también contaron con la complicidad del recién ascendido viceministro de Seguridad y exfiscal de esta causa, Jalil Rachid, conocido por haber tenido fuertes vínculos con la familia Blas Riquelme, ya que su padre, Bader, junto con Riquelme, fue denunciado por apropiación de tierras fiscales durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Pero también forman parte de esta complicidad gubernamental otros funcionarios del Estado, como son los del Ministerio Público que se pronunciaron sin tener pruebas concretas a favor de que estas tierras de Curuguaty le pertenecían a los Blas Riquelme y su empresa Campos Morombi. Y como si esto no bastase, el propio presidente Cartes, junto con varios congresistas, también se pusieron a favor de estos empresarios, al haber avalado y votado una ley que acepta una supuesta donación de Campos Morombi sobre esas tierras de Curuguaty, para que se destinen a la creación de una reserva forestal, maniobra que pretende evitar el reconocimiento de su uso para la reforma agraria, tal como se había expedido oficialmente.

El juicio y la posterior condena de estos días demuestran la profundización de la desigualdad social en Paraguay, donde se niega el reconocimiento a luchar por un derecho tan básico como es el de la tierra.

Ante tan terrible situación, resulta central la unidad para vencer a una injusticia que pretende no solo quitarle margen de derechos al campesinado, sino avalar, subrayo, lo que fue una masacre usada para justificar, por aquel entonces, a un golpe de Estado.