La exigencia aparece en una carta enviada por el embajador de Irán ante la ONU, Bashar Jaafari, al secretario general de la organización, Ban Ki-moon, al presidente de la Asamblea General, Nassir Abdulaziz Al-Nasser y al Consejo de Seguridad.

La misiva demanda un pronunciamiento que condene en los términos más enérgicos este inhumano acto terrorista y exige la adopción de acciones efectivas para la eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

La víctima es un ingeniero químico graduado de la universidad tecnológica de Sharif y trabajaba como vicejefe de la instalación nuclear iraní de Natanz, explica el texto distribuido por la misión permanente de Teherán en la ONU.

Asimismo, sostiene que existen firmes evidencias sobre la participación de ciertos círculos extranjeros en el asesinato del científico iraní, como parte de los esfuerzos para detener el programa nuclear con fines pacíficos que desarrolla Irán.

La carta denuncia que esos centros pretenden impedir el derecho inalienable de la República Islámica al uso pacífico de ese tipo de energía y promueven operaciones encubiertas que van desde el asesinato de científicos hasta golpes militares y sabotajes.

El documento pregunta si se permitirá la continuación de medidas ilegales y coercitivas, incluidos actos terroristas, para impedir que los países ejerzan su derecho al desarrollo y el uso pacífico de la energía nuclear.

Y afirma que Irán no comprometerá ese derecho inalienable y que ningún tipo de presión política o económica ni ataque terrorista contra los científicos nucleares iraníes podrán impedirlo.

La misiva recuerda el atentado realizado en noviembre de 2010 contra los físicos Majid Shahriari y Fereydoun Abbasi Davani, el primero muerto en el ataque y el segundo actual titular del organismo de energía atómica de Irán.

También menciona el asesinato del Massoud Alí Mohammadi, ocurrido en enero de ese mismo año.