Candidato EE.UU.: «Apruebo la pena de muerte sin que me tiemble el pulso»

La reciente ejecución de Troy Davis en la cárcel de Jackson, Georgia (sureste) abrió interpretaciones variadas sobre este castigo que no pocos en el mundo califican de inhumano.

La reciente ejecución de Troy Davis en la cárcel de Jackson, Georgia (sureste) abrió interpretaciones variadas sobre este castigo que no pocos en el mundo califican de inhumano, injusto e inmoral, aplicado de forma desigual a ofensores del mismo crimen de diferentes razas.

Somos el único país que mata a sus ciudadanos mientras da consejos sobre Derechos Humanos a la comunidad internacional, dijo Marina Correia, días antes de que se consumara la sentencia contra su hermano, en declaraciones al diario El País, de España.

En esos momentos Virginia Davis, la madre, aún mantenía la esperanza, después de dos décadas de encarcelamiento de Troy, que se pudiera celebrar "un nuevo juicio ante la falta de pruebas, salir como hombre libre".

Las esperanzas para detener la ejecución se esfumaban mientras el clamor nacional e internacional crecía y las instancias judiciales en el país hacían oídos sordos a las demandas.

El ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el Papa Benedicto XVI, el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu y el ex director del FBI y juez William S. Sessions, instaron a los magistrados a suspender la condena y desarrollar un nuevo juicio.

Todo en vano. La Junta de Perdones del estado de Georgia (sureste) aprobó la ejecución, pese a dudosos elementos que certificasen la culpabilidad.

La decisión de los cinco miembros del comité desestimó una campaña sin precedentes a nivel internacional, que solicitó la conmutación de la sentencia por una condena a cadena perpetua.

Siete de los nueve testigos que declararon en contra del reo se habían retractado o contradicho en su testimonio, y existían dudas sobre la evidencia física y la falta de vínculos directos que relacionaran a Davis con el crimen del policía blanco Mark MacPhail el 19 de agosto de 1989 en Savannah, Georgia.

Las inconsistencias en el proceso y la posibilidad de que se privara de la vida a un inocente, de raza negra por demás, llenaron en esos últimos días las páginas de los diarios y ocuparon importantes espacios en la televisión.

Grupos como Amnistía Internacional y la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color pidieron la suspensión de la ejecución, lo cual fue respaldado por un pedido de más de 650 mil personas en el mundo a su favor.

Brian Kammer, uno de los abogados de Davis, manifestó su pesar por la decisión que encaminaba a su defendido hasta la sala de ejecución, tal vez consciente de los vicios judiciales, los cuales llenan el sistema judicial estadounidense.

El diario El País recogió el sentir de muchos cuando escribía: "Luchar por (Davis) no sólo era hacerlo contra la pena capital sino contra los juicios injustos, las irregularidades que puede producir un sistema legal cargado de matices, según los Estados, el color de la piel, el origen, el dinero o los abogados disponibles".

Necesitaban un culpable y Troy era la pieza más débil: la gente en Savannah (segunda ciudad del estado) teme a los poderosos, la policía siempre es más creíble que "esos chicos negros", expresó la hermana.

En este caso salieron a relucir las lagunas del sistema: no existieron evidencias, no había armas, testigos se contradijeron y sobre todo primó la percepción de que trataban de buscar un culpable.

La víctima esperó en el corredor de la muerte en 1991, en 2007, en 2008, hasta que volvió a recorrer por última vez un camino que no le era extraño. Conocía el protocolo, los pasos, los ruidos, los gestos de los guardias... Un experto era, según reseña el diario español.

No quiso comer ni ser tranquilizado, ya lo estaba. "Soy inocente", fueron sus últimas palabras antes de ser ejecutado en la prisión de Jackson el 21 de septiembre a las 23.05, tras cuatro horas de espera dentro y esperanza fuera. Morir siendo considerado culpable era su mayor dolor. Y el de los suyos, concluyó El País.

No sirvió de nada conocer que un ex director del FBI y juez, William Sessions, defensor de la pena, expresara la necesidad de plantear que quizá, en el caso de Davis, la sociedad se estaba equivocando.

El ex presidente Jimmy Carter puso el dedo en la llaga cuando afirmó que "si uno de nuestros ciudadanos es ejecutado con tantas dudas en torno a su culpabilidad, entonces el sistema de pena de muerte en nuestro país es injusto y obsoleto".

Carter expresó además su confianza en que esta tragedia "nos empuje como nación hacia un rechazo total de la pena capital".

Ahora hay un clamor generalizado. Con la ejecución, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera cerrarle todas las puertas legales, no solo murió un hombre posiblemente inocente del crimen por el cual se le acusaba.

También se inició un descenso en la credibilidad de un método que aún apoya un 64 por ciento de los estadounidenses.

Pero, lamentablemente, aún hay muchos dispuestos a mantener este castigo a pesar de que muchas veces su aplicación está plagada de dudas y en ocasiones no se sabe si la víctima es inocente.

Al parecer esto perdurará si se tiene en cuenta las posiciones de los republicanos que aspiran a suceder al presidente Barack Obama en la Casa Blanca.

En un reciente debate republicano, celebrado a principios de septiembres en California para constatar su vigencia, los asistentes aplaudieron las 234 condenas a muerte que ha firmado el gobernador de Texas, Rick Perry, hoy el principal favorito para la puja por la Casa Blanca.

"Apruebo la pena de muerte sin que me tiemble el pulso y sin que me quite el sueño, porque estoy cumpliendo la ley", dijo Perry.

Desde que fue consumada la sentencia contra Davis, la pena capital está en tela de juicio. Para muchos estadounidenses el castigo debe ser revisado, más cuando se dan casos donde no existen pruebas determinantes contra los acusados y de que la gran mayoría de los testigos se retractan luego de sus declaraciones.

La consumación de la sentencia inspira hoy más a sus detractores, quienes esperan, al menos, que se hagan patentes las fallas del sistema.

Como colofón Davis, luego de proclamar su inocencia a los familiares del policía muerto en 1989, pidió a sus familiares: "Seguid investigando, excavando, trabajando hasta que se pruebe la inocencia".

Mientras tanto, en el corredor de la muerte esperan el turno tres mil 251 reclusos, según datos de enero de 2011. En California hay 721, seguido de Florida con 398 y Texas con 321.

Lamentablemente, Davis no pudo ser el preso 131 a quien se le conmutaba la pena tras obtener pruebas de su inocencia o evidencias que proporcionaban una duda razonable.

En la actualidad, 34 de los 50 estados del país cuentan con la pena de muerte y Estados Unidos sigue exigiendo al mundo el respeto de los derechos humanos.

*Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.