Perú: Los olvidados

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Perú: Los olvidados
Fecha de publicación: 
19 Julio 2020
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Varias comunidades indígenas de Perú ocuparon un embalse en protesta después de que un derrame de petróleo contaminara el agua y el suelo en Puerto América, en el departamento norte de Loreto. Los manifestantes indígenas llevaron lanzas y cantaron en las instalaciones del reservorio de petróleo.

Violando su propia Constitución, el Estado peruano ha pasado por alto el derecho fundamental de todo pueblo indígena a ser consultado cuando se pone en juego contratos sobre su territorio, cuestión en que el actual gobierno de Martín Vizcarra no constituye la excepción.

En este sentido han sido afectados en los últimos tiempos lotes donde viven los pueblos originarios en los distritos de Teniente Manuel Clavero, Putumayo, Torres Causan, el Napo y la Zona Reservada Quepí.
Esta aún no ha sido categorizada como se planteó hace 13 años, a pesar que fue creada en 1997, con el objetivo de conservar la diversidad biológica, ecosistemas, áreas paisajísticas y poblaciones de flora y fauna silvestres representativos de la selva baja del nororiente del país y por encontrarse en el denominado "Refugio del Pleistoceno Napo-Putumayo".

Hace unos días trascendió sin confirmación que más de una cincuentena de indígenas perecieron a manos de la policía, cuando defendían sus tierras en la localidad de Bagua, en la selva amazónica del norte del Perú, la cual fue sometida a toque de queda y férreamente militarizada.

El eurodiputado ecologista Alain Licites, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo ante la Comunidad Andina de Naciones, y el dirigente campesino y ahora eurodiputado José Bofé, expresaron en un comunicado su "horror por el baño de sangre (...) durante una operación de la policía peruana contra manifestantes indígenas".

Ambos eurodiputados recordaron que los indígenas manifiestan para anular leyes del gobierno peruano, promulgadas en función del acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos, que atentan contra los derechos de las comunidades nativas, reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo.

DEUDA 

Perú, como economía neoliberal, ha tenido generalmente un alto crecimiento económico, gracias a sus riquezas naturales y la sostenida eficacia de una finanza que dedica extremadamente muy poco a la atención social.

Si ello ocurre en zonas urbanas, imaginen el drama de los indígenas, muchos de ellos desplazados para dar paso a empresas mineras que explotan las riquezas de un país sin que se refleje en el bienestar de la población en general.

Así se ha demostrado en esta pandemia de la COVID-19 que azota al mundo y tiene en la población peruana a una de sus principales víctimas, a pesar de cierta ayuda internacional que incluye la decisión oficial de solicitar la ayuda médica cubana, que ya ha estado presente en otras ocasiones de catástrofes naturales en la nación suramericana-.

Desde que asumió la presidencia en lugar del depuesto judicialmente Pedro Pablo Kuczunski, un corrupto millonario, Martín Vizcarra –quien era su vicepresidente- ha estado enredado en diatribas con los grupos opositores legislativos y su principal oponente, Keiko Fujimori, así como tratando de aplicar medidas sociales para paliar el creciente desempleo y la pobreza, a pesar del alto crecimiento económico.

Vizcarra trata de hacerse con una imagen popular, habló de disminuir los índices de pobreza y desempleo y, sobretodo, combatir a los políticos que aceptan sobornos, pero no mencionó para nada a las transnacionales extranjeras y la oligarquía que explotan las riquezas del país.

La pobreza apenas ha disminuido a un índice todavía astronómico del 54%, el trabajo informal abarca el 80% de la población, las ciudades se llenan de villas miseria y el problema es aún mayor en las zonas mineras, donde incluso elementos explotadores privados se aprovechan de los recursos estatales para aumentar sus inversiones.

Así conocemos que los departamentos con más inversión minera como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, son los más pobres y con mayor desnutrición infantil, lo cual desmiente el mito de que mayor inversión minera es igual a desarrollo.

El economista Juan Diego Calisto señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado beneficiosa para impulsar el desarrollo en esos departamentos, así como en Junín y Ancash.

“Algunos ven la promoción de la minería responsable como un «atajo» para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en educación e infraestructura, y por lo tanto ‘romper el círculo vicioso» de la pobreza”, dice Calisto.

Pero nada de ello es cierto, cuando se conoce que las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil son Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).

Empero, la inversión minera sigue creciendo, a pesar de que algunos anunciaban su disminución, por los conflictos sociales, como el de Conga. Y aunque la minería aporta la cuarta parte del Producto Industrial Bruto y la inversión extranjera, y el 60% de las exportaciones, menos del uno por ciento de la población vive de ella.

Por todo lo anterior, la atención a los pueblos originarios sigue siendo una cuestión pendiente para los gobiernos peruanos, incluido el actual.

 

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