Honduras: Xiomara, sin caer en honduras

Cuando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó el estado de excepción en el país. con el fin de combatir la extendida delincuencia, libelos, entidades de supuesta defensa de los derechos humanos y funcionarios de otras naciones, principalmente de Estados Unidos, pusieron el grito en el cielo, señalándole el peligro de haber seguido lo que llaman “efecto Bukele”, refiriéndose a la política del mandatario salvadoreño que ha permitido reducir al mínimo la criminalidad y aumentado al máximo su popularidad.

Pero Xiomara ha puesto en claro que las medidas coercitivas no solucionarán el problema si no están acompañadas de políticas sociales que conlleven a eliminar las causas del por qué se delinque.

En este sentido ha puesto en funcionamiento diversos programas que han logrado rebajar los precios de los combustibles, la electricidad y alimentos, además de buscar la forma para que todos tengan derecho a la salud y la educación, la cual, en estos momentos presenta grandes dificultades, porque el 25% de los inmuebles carece de personal docente.

La situación en el combate a la delincuencia es compleja, por la mala herencia dejada por un mandatario que corrompía a funcionarios y personal policial, entronizaba el latifundismo y se enriquecía con el narcotráfico, acción ésta por la que fue extraditado a Estados Unidos junto a familiares y amigos.

Además de ser Honduras uno de los países más pobres del mundo, presenta el mayor índice de asesinatos por cada 100 000 habitantes y no tiene tampoco un personal policial confiable para enfrentar a bandas de delincuentes que huyen de El Salvador y tahúres locales que cambian su modus operandi de las zonas urbanas a las rurales.

Los recientes motines carcelarios tienen que ver mucho con pugnas entre facciones de maras y el trato inhumano de la inmensa mayoría de las autoridades carcelarias, algunas de las cuales renunciaron para evitar las investigaciones oficiales.

EL GRAN RETO

Como se puede apreciar, la violencia es uno de los retos de la presidenta Xiomara Castro, que ha emprendido medidas para golpear a estructuras criminales que se han lucrado de la población hondureña mediante la extorsión.

Este último delito ha aumentado en Honduras en los últimos años, causando cientos de muertos y poniendo contra la pared a pequeños y medianos empresarios.

Según las autoridades, el estado de excepción también ha permitido identificar y capturar a pandilleros que se lucran con otros delitos como el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, feminicidios y lavado de activos.

Y aunque la violencia ha disminuido en general, no dejan de existir situaciones tan deprimentes como la observada el 6 de marzo, cuando nueve cuerpos baleados aparecieron tirados en la comunidad de El Portillo de la Mora. Solo una persona sobrevivió. La policía dijo que las víctimas fueron emboscadas y ejecutadas por delincuentes.

Esa fue la novena masacre del año en Honduras y el detonante para que la presidenta Xiomara Castro explotara contra la Secretaría de Seguridad.

"Todo lo que me han solicitado se lo he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional... No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios", expresó.

Por ello, la Presidenta aprobó en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la "II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen", y volvió a prorrogar el estado de excepción decretado a finales del 2022, que rige parcialmente en el país.

Las decisiones tomadas por Xiomara han sido comparadas con las medidas adoptadas por Nayib Bukele en El Salvador, donde se declaró estado de excepción en marzo del 2022 y prorrogado hasta la actualidad. En ese período, las fuerzas salvadoreñas han capturado a cerca de 70 000 presuntos pandilleros y se ha construido una megacárcel para su reclusión.

SIN EMBARGO…

…, las acciones que se han ido aplicando en Honduras tienen más que ver con el Plan de Gobierno para la Refundación y Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, presentado por la actual mandataria durante su candidatura a la Presidencia en el 2021.

El Plan propone el combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos, consideradas actividades que retroalimentan a las organizaciones criminales.
"Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas, a tala ilegal de madera, a la trata de inmuebles asaltados y financiamientos dudosos", dice.

También se propuso la recuperación de los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, pero combinando "el uso proporcionado y responsable de la fuerza, el sistema de inteligencia e investigación, y la ampliación de la red estatal de servicios de apoyo para las víctimas y la prevención del delito, incluyendo la presencia suficiente de protección en el transporte, el sistema educativo y las actividades económicas lícitas”.

Ese enfoque de uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, aunado al dispositivo de apoyo a las víctimas, dista de la perspectiva más punitiva de El Salvador, que se ha centrado en la llamada "guerra contra las pandillas".

Asimismo, en Honduras se plantea el fortalecimiento de los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado, que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales.

En concordancia con ese proyecto, Xiomara lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.

"Mi compromiso es brindarle la seguridad que demanda el pueblo hondureño y vamos a erradicar la extorsión” --- que es "el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras" y "una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios".

Pero el problema no es nuevo. Ella ha insistido en que, durante los 12 años previos al actual mandato, Honduras fue víctima de la imposición de un cártel de narcotráfico desde el Estado mismo, lo cual permeó las instituciones y elevado la violencia en el país.

En este contexto, la Presidenta hondureña anunció la intervención de los centros penales del país, tras una serie de tiroteos protagonizados por integrantes de las bandas rivales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en cuatro cárceles.

Y todo combinado, como indicó la mandataria, sin descuidarse la aplicación de necesarias políticas que logren "la disminución de la desigualdad, la pobreza y la recomposición de las instituciones para cortar el crimen organizado a altísimo nivel".