Colombia: Entre más masacres, menos paz y las alertas de Naciones Unidas

Con el asesinato de tres campesinos el viernes último en el municipio de Tibú, en el departamento de Santander en Colombia, el país llega al final del primer mes del año 2021 con la octava masacre registrada, la cual provocó, además – según fuentes locales – el desplazamiento de unas 400 personas que reúnen a unas 80 familias. A esto se sumó la muere de un líder comunal en el departamento de Huila a manos de personas no identificadas, con lo cual suman 18 asesinados al cierre del primer mes del año 2021.

Los hechos ocurren 48 horas después de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) iniciaría un juicio simbólico que ha estado difundiendo en redes sociales, en el que acusa al Estado colombiano de “genocidio político y crímenes contra la paz”, el cual deberá extenderse por casi dos meses para que organizaciones sociales, étnicas y de derechos humanos denuncien las prácticas de genocidio ocurridos desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado, así como  la impunidad y ausencia de justicia frente a estos hechos.

Para el secretario general del TPP – con sede en Italia-, Gianni Tognoni, se trata de responder al pedido de muchas organizaciones y dar mayor visibilidad a la gravedad de la situación colombiana, por lo cual unas 126 organizaciones sociales y 170 personas ofrecerán sus declaraciones, a los que se sumarán incluso, artistas, académicos y personalidades políticas. 

Por otra parte, el pasado 21 de enero fue presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el más reciente Informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en el cual se hace un recuento de los logros del Acuerdo Final de Paz tras cuatro años de implementación y se enfatiza en los puntos 3.2 sobre la reincorporación de excombatientes y 3.4 sobre garantías de seguridad del Acuerdo, a  la vez que se proponen cinco prioridades para 2021.

En el análisis realizado entre el 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoce que deben darse pasos más profundos en todas las áreas del Acuerdo, especialmente en temas de seguridad, reto principal para la consolidación de la paz y señala como la primera prioridad para el año 2021, “asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto y líderes sociales y los defensores(as) de los derechos humanos”. Téngase en cuenta que la Misión de verificación de la ONU en ese país comprobó el asesinato de 248 excombatientes - seis mujeres –, 21 de ellos durante en el último trimestre del 2020 y 73 durante todo ese año.

Se advierte también que la situación de seguridad de los excombatientes en la zona fronteriza entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare es de especial preocupación pues los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la limitada presencia del Estado allí para ampliar su ámbito de actuación en los últimos meses y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales; y aunque el Gobierno informó que asignó aproximadamente 13 500 millones de pesos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en septiembre para cubrir las vacantes de escoltas y analistas dentro de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP) de la Unidad, hasta la fecha no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas.

En el documento se considera necesario asegurar la dotación completa de personal de la SESP, pues desde la firma del Acuerdo, 25 excombatientes (todos hombres) han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección y hay más de mil solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación. Se insiste también en que las mujeres excombatientes tengan igual acceso a los esquemas de protección.

En cuanto a los excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) se detectó que sufren de mayores niveles de violencia, ya que el 35% de los asesinatos de excombatientes en 2020 se produjo en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones; de ahí la importancia de adoptar una estrategia enfocada en brindar seguridad a las nuevas áreas de reincorporación, incluso a través de despliegues efectivos de las Fuerza Pública alrededor de ellas.

Para el Secretario de la ONU, la labor de la Unidad Especial de Investigaciones (UIE) de la Fiscalía debe ser crucial para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a las personas responsables de los asesinatos y masacres orquestadas y por tanto, hay que apoyar más a la UEI, darle acceso rápido a órdenes de captura, escenas del crimen y a información relevante. De igual forma debe fortalecerse la protección de líderes, defensores y comunidades, respondiendo de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Para ello, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe cumplir el mandato que se le asignó tras el Acuerdo de Paz de finalizar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia.

Agrega además, la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil y la imposición de medidas para asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación pues cuatro años después de la dejación de armas, más de 13 000 excombatientes de las antiguas FARC-EP (23% mujeres) siguen comprometidos activamente con el proceso de reincorporación y continúan trabajando juntas para superar los retos propios del proceso.

Otra arista bien compleja en la que queda mucho por avanzar, por dar pasos más firmes, es en la compra de tierras para proyectos productivos y para vivienda, sobre lo cual Naciones Unidas alienta a las partes a avanzar en la búsqueda conjunta de soluciones permanentes de vivienda mediante el establecimiento de una mesa de trabajo sobre este tema dentro del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). En este sentido, hay un acuerdo entre el presidente Iván Duque y los excombatientes de realizar siete sesiones del Consejo Nacional de Reincorporación a nivel regional que debería verse como una oportunidad para escuchar directamente las preocupaciones de los y las excombatientes, definir planes de acción a nivel local con compromisos claros, asignar responsabilidades, recursos y plazos, así como medidas para asegurar que las comunidades locales se beneficien del proceso, pero en la práctica esto no ha ocurrido.

Se insiste también en la importancia de prestar mayor atención a medidas para apoyar la sostenibilidad de los proyectos productivos, incluso mediante asistencia técnica fortalecida y mayor acceso a los mercados, aumentar la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones y el apoyo institucional para los que han tenido que reubicarse por motivos de inseguridad, así como sus familias.

Aboga por la presencia integral del Estado como una condición necesaria para una paz duradera y para el desarrollo sostenible y en las zonas afectadas por el conflicto, mediante los tres mecanismos creados por el Acuerdo de Paz para cerrar la brecha entre zonas urbanas y rurales: uno para llevar infraestructura y servicios a las comunidades más afectadas por el conflicto (PDET); el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios que pretende mejorar la seguridad de las comunidades golpeadas por la violencia; y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que debe ofrecer a las familias, alternativas viables para que abandonen las economías ilícitas. El Gobierno de Duque ha dicho que la implementación de estos programas continúa pero la realidad es más compleja y por eso el informe de la ONU alerta que esto no se logrará si no se les garantiza recursos adecuados y existe complementariedad entre ellos y con el resto del Acuerdo de Paz.

El diálogo constructivo entre el Gobierno y FARC sigue siendo determinante -asegura el análisis – pues debe discutirse y resolverse cada tema de forma conjunta y por eso se señala como la cuarta prioridad: reforzar las conversaciones  entre las partes a través de los mecanismos establecidos por el Acuerdo, entre ellos la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), principal foro de diálogo que no se está utilizando en todo su potencial e incluso, no todos los altos funcionarios del Gobierno responsabilizados con estos temas asisten a las reuniones y eso afecta la capacidad para mantener discusiones sustantivas y para la toma de decisiones reales.

El informe de Naciones Unidas recomienda el fortalecimiento de las condiciones para la reconciliación, incluyendo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. “Es más importante que nunca que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades, que todas las instituciones cooperen plenamente con los tres componentes del Sistema, y que la sociedad colombiana brinde su pleno apoyo al Sistema para que pueda continuar contribuyendo a la reconciliación”, precisa.

Se estima que a mediados de 2021 se emitirán las primeras sanciones definiendo responsabilidades de personas por delitos cometidos durante el conflicto dentro de algunos de los casos que analizan las Comisiones creadas para ello y el presidente Duque ha dicho que solicitará al Consejo de Seguridad que amplíe el mandato de la Misión de Verificación para incluir la verificación, apoyada también por la FARC.

“Tomando en cuenta el año 2021 estará marcado por los esfuerzos de recuperación de la pandemia del COVID-19, el Secretario General insta una vez más a los colombianos y colombianas a que consideren la implementación integral del Acuerdo de Paz como parte de estos esfuerzos, ya que el Acuerdo proporciona instrumentos para brindar oportunidades de desarrollo, seguridad y paz a las comunidades que fueron más afectadas por el conflicto y que ahora han sido afectadas por la pandemia”, concluye el Informe de la ONU.

Ojalá estas prioridades se traduzcan en acciones concretas en favor de la paz, la estabilidad y sobre todo, de la vida de los colombianos y colombianas a las que ha ya costado demasiado un conflicto que –lamentablemente – sigue siendo para muchos un negocio.