Bolsonaro: El principal depredador

Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro es investigado por su presunta participación en la apropiación de fondos en la adquisición de la vacuna contra la pandemia de la COVID-19, que ayudó a expandir, organizaciones indígenas se han unido para evitar que el susodicho siga otorgando tierras que les pertenece a latifundistas y empresas extranjeras, principalmente en la región de la Amazonía.

Sin contenerse ante la actuación de indígenas que le molestan en su política depredadora, el mandatario volvió a cuestionar los datos sobre deforestación divulgados por el estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su sigla en portugués), y ante centenares de empresarios en Sao Paulo insistió este martes 29 de junio en que su país "lo tiene todo para desarrollar" la Amazonía y afirmó, según EFE, que "con tecnología, en 20 años tendríamos en Roraima una economía próxima a la de Japón. Allí hay todo, pero el 60% del territorio está inmovilizado con reservas indígenas y otras cuestiones ambientales".

En las últimas semanas, Bolsonaro ha reforzado su intención de liberar la minería artesanal en las tierras indígenas de los estados amazónicos con la finalidad de impulsar la economía en "esa maravillosa región llamada Amazonía".

También volvió a cuestionar los datos sobre deforestación divulgados por el estatal INPE, los que calificó como "imprecisos" y que transmiten una "mala imagen del país en el extranjero".

La deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó los 2 254,8 kilómetros cuadrados, un 278% superior a la del mismo periodo del año anterior, que fueron 596,6.

En medio de esta cuestión, el mandatario envió por tercera vez tropas a la región, pero no fue, como ha alegado, para proteger al territorio de incendios y talas intencionales, sino para contener brotes rebeldes de los habitantes autóctonos, que han denunciado la desaparición de algunos de sus líderes.

El decreto del presidente Jair Bolsonaro dispone el envío de soldados a los estados de Pará, Amazonas, Mato Grosso y Rondonia hasta finales de agosto, en tanto los defensores del medioambiente dudan de las buenas intenciones oficiales, conociendo la actitud de Bolsonaro al respecto.

RECORDATORIO

La deforestación en la Amazonía ha ido en aumento por varios años, pero se ha disparado desde el 2018, cuando fue elegido Bolsonaro, quien hizo reiterados llamados a una mayor urbanización en la selva. La destrucción de la Amazonía ha desatado indignación a nivel internacional, y en fechas recientes provocó que el presidente estadounidense Joe Biden instara a Bolsonaro a tomar una postura más estricta contra la tala ilegal, cuestión que nunca fue tratada por el anterior mandatario norteamericano, Donald Trump, de quien el presidente brasileño fue uno de sus principales admiradores.

Repito: esta fue la tercera ocasión que Bolsonaro despliega tropas en la Amazonía, pero expertos en medio ambiente indican que realizan una tarea inútil, porque no están lo suficientemente capacitadas, además de que no se conoce ni un solo hecho en que hayan defendido a los indígenas de los abusos de ejércitos privados al servicio de intereses oligárquicos y las transnacionales.

El Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia, una organización brasileña sin fines de lucro, dio la bienvenida a la prohibición de los incendios, pero dijo que es poco probable que la intervención del ejército aborde los problemas “sistémicos” que conducen a la deforestación y el acaparamiento de tierras.

También criticó los detalles del decreto. “Cuando anunciamos qué lugares serán objeto de un operativo, les avisamos a los delincuentes de dónde deben irse y a dónde pueden actuar con tranquilidad”, dijo la organización en un comunicado.

Además, existen indicios de que el 98,9% de la deforestación tiene indicios de ilegalidad, al realizarse ya sea cerca de manantiales, en zonas protegidas o sin la autorización necesaria, según datos que difundió MapBiomas Project, una red de organizaciones sin fines de lucro, universidades y compañías tecnológicas que estudian el uso del suelo brasileño. El regulador ambiental de Brasil impuso multas en apenas el 5% de los casos, descubrió el grupo.

Márcio Astrini, secretario ejecutivo de Climate Observatory, una red de grupos ambientalistas, dijo que el más reciente despliegue militar es “una cortina de humo” que le permitirá al gobierno decir que combate la deforestación. Destacó que una iniciativa que tuvo éxito en el pasado, que era financiada en su mayoría por los gobiernos de Noruega y Alemania, ha estado suspendida desde el 2019.

“El gobierno ha implementado una serie de medidas que simplemente destruyen la capacidad de monitoreo del Estado, como dejar de imponer multas por infracciones ambientales”, dijo Astrini. Añadió que el órgano regulador también ha dejado de destruir la maquinaria utilizada para la tala ilegal.

El plan de Bolsonaro para desplegar tropas de nuevo se produce en momentos en que el gobierno de Estados Unidos ha hecho llamados para frenar la deforestación de la Amazonía, en un intento por combatir el cambio climático. Bolsonaro ha dicho que su país carece de los fondos suficientes para hacerlo sin ayuda, a pesar de que la nación lo hizo así a inicios de este siglo.