Indocumentados, out: Trump complace a supremacistas blancos

Narcisista quien se considera el ombligo del mundo, Donald Trump se propone expulsar a un millón de migrantes indocumentados para complacer a supremacistas blancos que no quieren impurezas en la sangre.

La propaganda al respecto hace que tales expulsiones encuentren la aquiescencia también en la masa pobre de obreros que no encuentran trabajo seguro, pero aun así no parece fácil que puedan abordar las labores que los norteamericanos no quieren asumir.

El pretexto de Trump -independientemente del odio en sus entrañas que también daña a Cuba- es que así se evita la permanencia o llegada de delincuentes al país, con la explotación del consumo de drogas y otros hechos delincuenciales, cuando la realidad muestra que los letales productos tienen su mayor consumo en Estados Unidos y sus barones son de cuello blanco o están bien ocultos de los medios, muy diferentes a los cárteles mexicanos y colombianos o de cualquier otra nación de la Latinoamérica que desprecia.

Así, mantiene en vilo a países como México, Honduras y El Salvador, entre otros, con gran número de sus ciudadanos en Estados Unidos, quienes  envían fuertes remesas a sus familiares.

Y es que conociendo de los planes económicos que tiene el soberbio magnate se hace imposible imaginar el daño que representaría a la economía de Estados Unidos si mucha de esa población foránea -latinoamericana, claro- indocumentados o no (tanto es el desprecio), es obligada a regresar a su país de origen.

Porque además del costo humano -que a Trump no le importa-  las medidas en este sentido si lo tienen en lo logístico., financiero y legal.

Ya en el último año, Biden había expulsado a 140 000 personas, pero esa cifra es ridícula para lo que se propone el gamberro, si no lo atajan la gente que le ayudaron financieramente a ganar la presidencia, obtenida con un enorme mayoría de votos de mucha gente desilusionada con la anterior administración.

Además de firmar casi dos centenares de órdenes ejecutivas a las pocas horas de tomar posesión, puso en efecto algunas de ellas, como declarar emergencia nacional y llevar a más de 10 000 soldados a la frontera sur, con México, y habilitar lugares de todo tipo para encerrar a los indocumentados y aquellos que traten de llegar subrepticiamente al país.

Durante la campaña, su equipo respondió de distintas formas a la pregunta de cuántos migrantes podrían terminar siendo expulsados. Pero su compañero de fórmula, el vicepresidente electo JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión America Brodcasting Corporation: “Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló, cumpliendo el lema trumpista de “¡Deportaciones masivas, ahora!”.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.

De acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en ese país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde el 2005.

La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década, y tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados, lo cual -conociendo a Trump- sería zanjado rápidamente con tribunales de inmigración que eliminarían los retrasos a la hora de resolver los casos.

La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.

Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE, pero el colorado personaje se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”.

Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales será fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva. “Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.

Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, que aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa. “Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.

OBSTÁCULOS, SOLO ESO

Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé presentarán las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema del 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.

Ahora, si el gobierno de EE.UU. lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Recordemos que en el 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno de Donald Trump en los lugares de trabajo. Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EE.UU. ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100 000 anuales, después de haber alcanzado su máximo —230 000— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.

“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir", le dijo a la British Brodcasting Corporation Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EE.UU. Además, señaló que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.

Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos. Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.

Por lo pronto Trump ha involucrado a la Guardia Nacional y al ejército para que asistan en las deportaciones, además de que ha ordenado la construcción de nuevas instalaciones de detención de migrantes y tomado medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.

Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que aquellos que no lo quieran hacer "no van a participar de los beneficios". “Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”, hizo creer.

Además, Tom Homan, el "zar fronterizo" designado por Trump, dijo hace unas semanas que el uso de centros de detención familiar para migrantes está "sobre la mesa", planteando la posibilidad de que la práctica terminada por la administración Biden pueda regresar próximamente.

"Es algo que estamos considerando", dijo quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la primera administración Trump, así como que la prioridad de las deportaciones serán los 1,4 millones de inmigrantes que no califican para un estatus legal en EE.UU.

Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que "imágenes espantosas de deportaciones masivas" también podrían tener un costo político para Trump a nivel de relaciones públicas, afirmó a Cable News Network.
Aunque no creo mucho en lo anterior, conociendo lo caradura del susodicho, pienso que lo peor para él sería enfrentar la posibilidad del costo que representaría todo ello para la economía de Estados Unidos.