Día crucial para dejar atrás al pinochetismo

Día crucial vivirá mañana Chile cuando 15.076.623 electores decidan por el Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución.
   
El nuevo texto, de ser aprobado, pondrá fin al "neoliberalismo constitucionalizado" de la Carta de 1980 de la dictadura de Augusto Pinochet, que impuso un Estado subsidiario entendido como un privilegio para los privados en desmedro del bien común.
   
El artículo 1 -de los 388 que contiene la propuesta de la Convención Constitucional- consagra "un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico".
   
Además, "se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación con la naturaleza".
   
Con la recuperación de la democracia en 1990, el Congreso no pudo iniciar un proceso legislativo por los 'amarres' dejados por los ideólogos de la Carta de 1980 que, junto a una institucionalidad con senadores designados por la dictadura, ley electoral binominal, impuso altos quorum calificados para hacer una reforma constitucional y llamar a Plebiscito.
   
Con la llegada del nuevo siglo, una nueva generación, que no conoció la represión de la dictadura salió con fuerza a las calles para exigir cambios. El 2006 fue el 'movimiento pingüino" de los estudiantes secundarios que mostraron la situación paupérrima de la educación pública y sus liceos emblemáticos. Fueron mínimamente escuchados y en 2011 irrumpieron los universitarios, quienes exigieron educación pública, gratuita y de calidad, fin al copago en la enseñanza secundaria, el endeudamiento de los universitarios por estudiar y cambiar la lógica del lucro en la educación.
   
Las movilizaciones tuvieron el respaldo de los padres y profesores y sus lideres pasaron a copar la agenda pública con los rostros del actual presidente Gabriel Boric, los ministros portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, de la Presidencia, Giorgio Jackson, la diputada Karol Cariola, y otros.
   
Pero también estallaron los movimientos en regiones, como Aysén, Freirina, Punta Arenas, demandando descentralización y mejor calidad de vida. Un millón de personas marchó también en esa época por un cambio del sistema privado de pensiones de capitalización individual.
   
No fue suficiente, y los secundarios encabezan un nuevo movimiento de protesta por el alza del boleto del metro y saltan los torniquetes de las boleterías al grito de "no pagar, evadir, otra forma de luchar". Al atardecer de ese 18 de octubre de 2019 se incendiaron 118 de las 138 estaciones del tren subterráneo, y la ciudad ardió como nunca había ocurrido en el país generando la mayor crisis política de que se tuviera memoria.
   
Siete días después, marcharon en todo el país dos millones de personas exigiendo a la desprestigiada clase política un cambio que terminara con los abusos, la desigualdad, se diera dignidad a la vida de los chilenos.
   
En ese contexto, el 15 de noviembre se firmó el Acuerdo por la Paz por parlamentarios de la oposición y Gobierno que estableció un cronograma para hacer una reforma constitucional que convocara a Plebiscito y la ciudadanía decidiera si quería cambiar la Constitución de 1980.
   
En medio ya de una pandemia mundial, el 25 de octubre de 2020, el 78,81% de los chilenos votó a favor de hacer un nuevo texto constitucional y un 79% dijo que debía hacerse por una asamblea totalmente electa desechando la propuesta de una Convención Mixta conformada por la mitad del Congreso y la mitad electa.
   
El 16 y 17 de mayo de 2021, la ciudadanía eligió los 155 convencionales constituyentes que redactarían el nuevo texto constitucional. La derecha en ese entonces todavía en el gobierno apenas logró elegir 35 constituyentes, sin la posibilidad de tener un tercio de capacidad de veto. El centro político tampoco salió favorecido, luego que la Democracia Cristiana eligiera un convencional. La mayoría fue para el movimiento social independiente y el conglomerado Apruebo Dignidad -hoy en el Gobierno compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista- al que se sumó el Socialismo Democrático.
   
El 4 de julio de 2021, cuando el gobierno de Sebastián Piñera vivía sus últimos meses, se instaló la Convención y un año después -en el gobierno de Gabriel Boric- entregó la propuesta de texto constitucional.
   
Más allá de las polémicas en que se vio envuelta la Convención, para el abogado constitucionalista Javier Couso, hay temas que llegaron para quedarse y entre ellos, puso en primer lugar "la paridad de género", lo que a su juicio nadie cuestiona. También dice que hay un consenso en avanzar hacia los derechos sociales y la multiculturalidad.
   
Mañana, en un escenario diferente y con un golpe fuerte a las familias en lo económico, los chilenos decidirán su futuro con voto obligatorio, en lo que se estima será la elección más votada de la historia.