La viceministra primera de Justicia Rosabel Gamón sostuvo que proteger los derechos de la ciudadanía, refrendados en la Constitución, impulsa hoy en Cuba la continuidad de una actividad legislativa soberana e intensa.

En exclusiva con Prensa Latina, significó que a pesar de la pandemia de Covid-19 no han cesado de trabajar para cumplir con el cronograma aprobado por el Parlamento, una responsabilidad que corresponde al Ministerio, encargado de coordinar y conducir el proceso de preparación de las normas jurídicas.

'Actualmente hay cuatro proyectos de leyes presentados que estaban agendados para la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en julio, pero puedo asegurar que los planificados para las reuniones de octubre y diciembre tienen un avanzado estado de elaboración', expresó.

El legislativo cubano tenía convocada su primera sesión ordinaria de 2021 para el séptimo mes del año, pero debido a la situación epidemiológica se suspendió y, por tanto, quedó aplazada la discusión de las propuestas de leyes sobre los Tribunales de Justicia, del Proceso administrativo, penal y el Código de procesos.

Las circunstancias son adversas, pero trabajamos por el cumplimiento del cronograma legislativo, dijo Gamón, y puso como ejemplo que en 2019 fueron aprobadas cinco normativas, mientras que en 2020 seis recibieron luz verde, a pesar de la Covid-19.

En el presente calendario, además de los cuatro proyectos entregados, el resto de los planificados están bien desarrollados, de manera que puedan ser evaluados cuando el Parlamento lo considere, tomando en cuenta el tiempo, la apretada agenda y que son normas de mucho peso, afirmó a Prensa Latina.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial para octubre y diciembre está previsto el análisis de los proyectos de leyes de la Seguridad alimentaria y nutricional; del Ordenamiento territorial y urbanístico y la gestión del suelo.

A estos se suman los referidos a la Protección de datos personales; la Reclamación de derechos constitucionales ante los tribunales; la Vivienda y el Medio Ambiente.

La viceministra primera de Justicia también se refirió a los 49 decretos leyes que recibieron el visto bueno del Consejo de Estado, de los cuales 22 estaban contemplados con antelación, mientras los otros están relacionados con el ordenamiento jurídico que demandan las nuevas dinámicas del país.

'El cronograma está vigente, es transparente y fue publicado', remarcó, y añadió que este responde al estudio realizado tras la salida de la nueva Constitución, para definir las normas que dimanan de ella.

'Hay una voluntad del Estado y del Gobierno de seguir implementándolo, pues se trata de legislaciones que fundamentan y protegen los derechos de los ciudadanos amparados en la Carta Magna; nada tienen que ver con presiones, como intentan hacer ver', enfatizó.

La funcionaria hizo alusión al decreto ley 35 sobre las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el uso del Espectro Radioelectrónico, el cual fue señalado como una respuesta a los disturbios ocurridos el pasado 11 de julio, promovidos mediante el uso de las redes sociales.

Gamón comentó que dicho cuerpo legal estaba programado para febrero de 2021 y fue aprobado en abril, sin embargo, su publicación en la Gaceta Oficial se demoró hasta agosto para que saliera el paquete completo: el decreto ley y sus reglamentos, pues estos últimos son los que permiten su implementación.

Precisó que la prioridad otorgada por la Presidencia de la República y el Gobierno a la actividad legislativa se refleja también en la aplicación del principio de la flexibilidad, el cual permite adelantar normas previstas e incorporar algunas que no estén planificadas.

También elevar a rango de ley aquellas que lo requieran o postergar otras cuando las circunstancias lo impongan.

Lo sucedido el pasado 11 de julio es un catalizador para aquellas disposiciones que se pueden adelantar, consideró la vicetitular, aunque insistió en que esa práctica está presente durante la ejecución del cronograma legislativo.

Ejemplos recientes de ello son el decreto ley 41, de la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, marcado para septiembre y aprobado en julio; y el del perfeccionamiento del Ministerio de Cultura, previsto para noviembre y certificado en junio.