Según el informe presentado por el Gobierno congoleño ante el Comité de la ONU para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las víctimas fueron violadas y posteriormente quemadas vivas durante la fuga de más de 3.000 prisioneros de la cárcel central de Goma el pasado 27 de enero.

La Misión de Paz de la ONU en la República Democrática del Congo (Monusco) denunció el asesinato de al menos 163 mujeres luego de que el grupo terrorista Movimiento 23 de Marzo (M23) tomara el control de Goma, ciudad cabecera de la provincia de Kivu del Norte (este), y permitiera la fuga de miles de prisioneros de una penitenciaría.

Durante una reunión en Ginebra, la ministra congoleña de Derechos Humanos, Chantal Chambu Mwavita, detalló que la cárcel albergaba numerosos reclusos condenados por violación sexual.

Chambu señaló que la ofensiva del M23 no solo propició la fuga masiva de los presos, sino que también ocasionó la «proliferación de armas ligeras».

Uno de los episodios más devastadores fue el bombardeo del hospital materno de Goma, que provocó la muerte de mujeres embarazadas y madres que acababan de dar a luz.

En ese sentido, expresó que se han llevado a cabo «saqueos de edificios legales, ataques a mujeres que defendían a mujeres víctimas de violencia y el bombardeo del hospital materno de Goma, que provocó la muerte de mujeres embarazadas y mujeres que acababan de dar a luz».

Según el texto, la escalada de ataques del M23, con el apoyo del Ejército de Ruanda, ha socavado los esfuerzos por proteger a víctimas de violencia sexual y garantizar la seguridad de la población civil.

ºEl M23, grupo armado compuesto en su mayoría por tutsis (etnia) que sobrevivieron al genocidio de Ruanda en 1994, ha intensificado sus ataques desde que retomó sus operaciones en noviembre de 2021. Su avance en Kivu del Norte ha generado una grave crisis humanitaria, con casi 3.000 muertos y cientos de miles de desplazados.

La ofensiva del grupo armado ha aumentado las tensiones entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, ya que el Gobierno congoleño acusa a Kigali de respaldar al M23, algo que la ONU ha confirmado.

A su vez, Ruanda y el M23 acusan al Ejército congoleño de colaborar con las Fuerzas Democráticas para la liberación de Ruanda (FDLR), grupo fundado por exiliados hutus (etnia) con el objetivo de recuperar el poder en su país.

La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales, posee el 74% de cobalto del mundo, el 80% de todo el coltán, esenciales para fabricar dispositivos electrónicos, aparatos móviles y ordenadores portátiles, además, también tiene grandes reservas de cobre, diamantes y uranio.

En 2024, la Unión Europea firmó con el Gobierno de Ruanda un acuerdo para que el país africano suministre a la Eurozona recursos considerados estratégicos. Ninguno de los materiales exportados, como cobalto, coltán y otros, es extraído del subsuelo ruandés, sino del territorio congolés.

La UE y Occidente apoyan ese robo de recursos por Ruanda y promueven el actual conflicto en la RD del Congo para controlar dichas riquezas, que pertenecen legítimamente al pueblo congolés. A pesar de ese patrimonio, la mayoría de los congoleses viven en la pobreza, por la mala gestión de los recursos, la corrupción y un sector extractivo débil.

La violencia en el este del Congo ha provocado un éxodo masivo, con más de 6.5 millones de desplazados internos.