Desde hace años muchos se preguntan cómo es posible que un fuerte candidato para ingresar a la cárcel, el congresista republicano por Miami, David Rivera, permanezca en libertad.

Uno de sus episodios más relevante se inició a fines de 2010 cuando, al mismo tiempo, hacía campaña para ocupar una banca en el Congreso de Washington y era investigado por corrupto.

La pesquisa comenzó luego que el periódico The Miami Herald puso en duda el origen de ingresos financieros de quien a lo largo de años fue legislador de la Florida.

Indagaciones demostraron que Rivera gastó en un solo mes miles de dólares procedentes de cuatro diferentes tarjetas de crédito, así como que habitualmente nutría sus cuentas personales con dinero de sus campañas.

Agentes siguieron el rastro a unos 65 000 dólares de la cuenta de campaña usada entre 2006 y 2010, pero según registros empleada a favor del legislador.

Un inspector de las autoridades de ese estado, Brett Lycett, dijo a un fiscal el 5 de julio de 2011 que la investigación a las finanzas de Rivera “explica inequívocamente el robo o fraude de los fondos de campaña”.

El abogado de este último, Michael Band, manifestó públicamente que, como integrante del Comité Republicano en la Florida, su defendido podía “llevar a sus trabajadores de campaña a un club nudista, a un bar, podía hacerlo”.

Semanas después el fiscal Joe Centorino, y su colega José Arrojo, empezaron a redactar una demanda criminal debido a que mientras más tiempo transcurriera, un llamado estatuto de limitaciones podía empantanar el procesamiento de algunas infracciones graves.

De eso último, como se observó después, tomó buena nota la ultraderecha de origen cubano anclada en Miami y se preparó a ir al rescate de su estrecho aliado David Rivera, autor de varios proyectos de leyes contra Cuba en la Florida.

Tanto que la demanda y sus 52 cargos por malversación sistemática fueron archivados y a la inversa los fiscales redactaron un documento que paralizaba su arresto.

Dos periodistas del Herald, Scott Hiaasen y Patricia Mazzei, dijeron este lunes que correos electrónicos recientemente divulgados muestran la tensión entre el FDLE y la Fiscalía de Miami-Dade, hasta que finalmente en abril los fiscales abandonaron el caso.

Antes, un funcionario del FDLE, Gerald Bailey, reclamó a Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade, actuar con mayor rapidez para evitar que su lentitud les impidiese presentar cargos contra el acusado.

El nombre de la fiscal Catherine se hizo notorio años atrás cuando jugó un papel muy relevante en los llamados juicios a cinco jóvenes cubanos infiltrados en bandas terroristas para detener sus acciones, hecho por el cual les impusieron duras sanciones de cárcel.

Ahora llamó la atención que ella procediera en sentido contrario al insistente llamado de acelerar el proceso de David Rivera para evitar que el llamado estatuto de limitaciones se inclinara a favor de este malhechor político.

Pero como en el caso del olímpicamente sucio juicio a los Cinco antiterroristas cubanos, volvió a entregarse en brazos de sus correligionarios de la ultraderecha de origen cubano.