Juez de EE.UU. bloquea temporalmente veto migratorio de Trump

La decisión del magistrado sobreviene tras una audiencia celebrada este miércoles en la que escuchó la demanda del fiscal general del estado, Douglas Chin, y del imán Ismail Elshikh, quienes argumentaron que el decreto ejecutivo viola la cláusula de establecimiento de la Constitución, que impide la discriminación religiosa.

El fallo del juez, consistente en una orden de restricción temporal, estará en vigor mientras Watson considera el caso.

Con él se suspenden las secciones de la directiva presidencial que prohíben por 90 días la entrada de nacionales de seis países mayoritariamente musulmanes -Siria, Yemen, Irán, Libia, Somalia y Sudán- y por cuatro meses la de refugiados de cualquier nación.

La orden ejecutiva que se bloquea de momento fue aprobada por Trump el pasado 6 de marzo, y consiste en una versión del controvertido decreto rubricado en enero pasado, el cual fue bloqueado al mes siguiente por un juez federal del estado de Washington.

Abogados de la administración argumentaron hoy en varios tribunales que el presidente estaba simplemente ejerciendo sus poderes de seguridad nacional y que ningún elemento de la orden ejecutiva, tal como está escrito, podría interpretarse como una discriminación religiosa contra los viajeros.

Sin embargo, fiscales generales demócratas y organizaciones de derechos civiles sostuvieron que la medida es inconstitucional, sobre todo tras los comentarios realizados por el mandatario durante la campaña electoral de prohibir la entrada de musulmanes a esta nación.

Los demandantes también afirmaron que la orden interrumpe las funciones de compañías, instituciones de caridad, universidades públicas y hospitales que tienen relaciones profundas fuera de Estados Unidos.

Casi cinco docenas de empresas tecnológicas con presencia en Hawái, entre ellas Airbnb, Dropbox, Lyft y TripAdvisor, se unieron en el rechazo al veto de viajes.

Ese estado, el primero en presentar una demanda contra la última versión de la orden ejecutiva, señaló, además, que la medida somete a una parte de los ciudadanos a un tratamiento de segunda clase y discriminatorio.