Los hechos acaecidos antes, durante y posteriores a las recientes elecciones ecuatorianas indican la veracidad de los planes imperialistas de mantener a Daniel Noboa como presidente (dictador) hasta el 2033.

Reelecto Noboa en comicios calificados de fraudulentos

La propaganda de los medios imperialistas achaca la sin dudas su fraudulenta victoria en los más recientes comicios presidenciales a la aceptación mayoritaria de que personal militar norteamericano se establezcan permanentemente en Ecuador, varios años después de que el expresidente Rafael Correa los expulsara de la base de Manta.

Noboa, cuya familia considerada la más multimillonaria en Ecuador ha estado envuelta en escándalos por narcotráfico, ha respondido a los escándalos al hacer alarde de sus buenas relaciones con la administración de Trump, llegando incluso a visitar Mar-a-Lago, en Florida, donde fue fotografiado con el expresidente.

Al mismo tiempo, propuso una enmienda constitucional para permitir el establecimiento de bases militares estadounidenses tanto en la mencionada Manta como en las Islas Galápagos, algo prohibido por la Constitución creada durante el primer gobierno de Correa.

De forma aún más polémica, Noboa ha contratado a la empresa de mercenarios estadounidense Blackwater —notoria por su participación en actos criminales impunes en la guerra de agresión a Iraq— para apoyar a las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la lucha contra la delincuencia.

Erik Prince, el fundador de Blackwater, intervino directamente en la campaña electoral, al anunciar públicamente que “los ecuatorianos pueden elegir entre dos caminos: elegir la ley y el orden votando a Noboa, o elegir lo que sería un estado narco como Venezuela (...) con toda la criminalidad y el socialismo que conllevan”.

PERSECUCIÓN

Tras el fraude electoral que perjudicó a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, elementos policiales y mercenarios se han dedicado a perseguir a dirigentes correítas, algunos de los cuales han intentado ingresar a la vecina Colombia, invitados por el presidente Petro para preservar sus vidas, luego de que se filtrara una lista negra de al menos cien personas —entre ellas periodistas y miembros del movimiento Revolución Ciudadana— inhabilitadas para salir del país por órdenes de Noboa.

“Le daremos asilo a todo el que llegue a territorio colombiano”, aseguró Petro al tiempo que denunció la detención de observadores electorales colombianos en Ecuador como parte de esta ola de represión.

Ello no ha pasado con los de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, que le dieron el espaldarazo a la decisión del Con$ejo Nacional Electoral de avalar el turbio proceso que dio la victoria a Noboa sobre la preferida por las encuestas Luisa González.

La reacción del mandatario colombiano ocurre tras una serie de denuncias que evidencian la escalada autoritaria en Ecuador, donde se ha impuesto un estado de excepción y se ha militarizado el proceso electoral.

Petro cuestionó la legitimidad de los comicios organizados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, afirmando que “el Ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio”.

A su vez, Correa alertó sobre una alerta migratoria contra integrantes de la Revolución Ciudadana, lo que ha derivado en intentos de detención de figuras políticas clave.

Uno de los casos más alarmantes es el de Diego Borja, compañero de fórmula presidencial de Revolución Ciudadana, quien denunció haber sido detenido junto a su familia cuando intentaba viajar a Colombia. El hecho fue calificado como un acto arbitrario.

VÍCTIMA

Verónica Sarauz, viuda del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue víctima de persecución política cuando trataba de ingresar al país.

Verónica, cuyo marido fue abatido a tiros tras un mitin de la campaña electoral en octubre de 2023, acusa a Noboa y a la fiscal general, Diana Salazar, de presionarla para que acusara públicamente al expresidente de izquierda, Rafael Correa, de estar detrás del asesinato. “Me engañaron vilmente (...) el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política”, dice en el video.

Ahora, Sarauz apunta directamente contra el propio presidente. Noboa y Salazar decidieron “proteger estructuras criminales dentro del Estado” y dejar “en total impunidad“ el asesinato., alega. Denuncia un “siniestro entramado que envuelve el caso” con colaboración “del narcotráfico, de altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero en el Ecuador”.