Lenín Moreno: Entre crisis y crisis

De aquella popularidad que tenía al ganar la presidencia, apenas le queda un “chisguete”, dicen encuestas de entes que no le son desfavorables, porque son mayoritariamente de derecha, y Lenin Moreno no tiene problemas con ellos.

Esa prensa, acérrima enemiga del anterior mandatario, Rafael Correa, trata de disminuir los entuertos de Lenín con el mal manejo de la pandemia del nuevo coronavirus, la política de austeridad impuesta a rajatablas, la aceptación a lo que ordene la actual administración norteamericana, y las acciones que demuestra el odio visceral a sus antiguos compañeros de partido, a quienes traicionó, luego de asegurar la presidencia, tras lo cual anuló sus promesas acordes con la Revolución Ciudadana y adoptó todas las medidas dictadas por la oligarquía y el imperialismo.

Ahora se le echa la culpa a la pandemia por una política sanitaria abandonada, y una economía tambaleante, con unos115 000 despidos en un día, pero este mal proviene de un régimen que el empleo “malo” en el aire, junto a las labores informales, corroer a una economía que sólo funciona para quienes más tienen y abandona a los de abajo.

En este contexto, muy cruel, el gobierno trata de imponer medidas de austeridad para corresponder al acuerdo suscrito con el Fondo Momento Internacional (FMI), que ya le hizo llegar unos 4 200 millones de dólares en préstamos, con otros 10 000 millones en tiempos venideros, por lo cual se le exige estrictas medidas de austeridad

AUSTERIDAD QUE NO FUNCIONA

Pero, ¿por qué la austeridad no funciona? Para responder, es necesario alejarse de cualquier determinante ideológico y político, y recurrir a una identidad contable, que parte desde un indicador primordial: el Producto Nacional Bruto con un modelo que expresa la correspondencia entre la demanda global y la oferta global en una economía nacional.

Este modelo permite entender los balances sectoriales, es decir, las relaciones entre el sector público, el sector privado y el sector externo. Debido a que histórica y estructuralmente, el sector externo en Ecuador es deficitario (se importa más que exporta), significa que, si el sector público deja de ser deficitario, el contrapeso de ese desbalance terminará asumiéndolo el ahorro privado, es decir los hogares y empresas.
Esto implica menos demanda (consumo) y un estancamiento de la economía, o sea, un retroceso progresivo. El FMI estima que para este año 2020 la inflación se colocará en 1,2 % (tres veces más que en 2017) y el desempleo incrementará a 4,7 % (más que en 2018). Pero la actual crisis sanitaria hará seguramente que estos números empeoren.

Para suplir este desfase contable, el Estado, como lo advierte la carta de intención de Ecuador al FMI tendrá que recurrir por un lado al bolsillo del ciudadano común y también obtener más deuda en un ciclo vicioso insostenible. Esto se debe a que, al liberalizar el sector externo, la relación deficitaria incrementará, ya que no hay razón por la cual creer que el Ecuador se convertirá, en tres años, en un exportador de bienes y servicios.

Al Estado entonces le quedarán dos opciones para ingresar capital a la economía: incrementar recaudación tributaria y/o adquirir deuda - una tercera sería emitir moneda, pero Ecuador carece de esta opción -Para el primer cometido, la carta de intención prevé ampliar la base impositiva, pero en vez de incrementar impuestos a los que más tienen, el orden será más impuestos a toda la población, en la que relacionalmente se verán afectados los estratos más bajos de los ecuatorianos.

VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Esto se realizará al revertir el sistema impositivo ecuatoriano de mayor tributación directa a indirecta, violando el art. 300 de la Constitución. Para entenderse, el impuesto a la renta, que grava la riqueza correlativamente, es un impuesto directo, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el consumo, es indirecto, ya que sin importar si se es pobre o rico se paga el mismo porcentaje, aunque para el que menos tiene este termina representando una carga mayor en su finanza. Por ende, un enfoque hacia tributación indirecta, implica más impuestos para todos los ecuatorianos.

Además, la carta prevé eliminar exenciones tributarias y regímenes especiales en los cuales se pueden insertar: educación, áreas específicas de la producción agrícola, entre otros. Todo esto se verá agravado por la decisión de eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que en 2018 representó USD 1.200 millones para las arcas del Estado.

Al liberalizar y desregularizar el flujo de capitales, las transnacionales y élites económicas especialmente podrán sacar su dinero de Ecuador para colocarlo en paraísos fiscales o cuentas extranjeras. El FMI prevé que esta decisión le costará al Ecuador 0,2% del PIB al finalizar los tres años.

La otra opción para balancear la economía será más deuda. Para ello, el Ecuador, bajo doctrina neoliberal, impondrá la independencia del Banco Central. Esto, como pretende el acuerdo, finaliza y prohíbe la financiación del presupuesto del Estado por el Banco Central, lo que limita la capacidad de toma de decisiones con respecto a las políticas públicas y distribución del presupuesto, resultando en la consolidación de la dependencia a acreedores internacionales.

En otras palabras, el Estado no podrá financiar al sector público. Los proyectos de infraestructura, el gasto social y el gasto público deberán provenir de afuera, lo que crea una dependencia poco saludable con la deuda externa. Según el reporte del FMI, la deuda como porcentaje del PIB se incrementará a 46,8% y la deuda externa se incrementará 6% en comparación con 2016.  

Para compensar los pagos de intereses que crea la deuda inicial, será necesario que el Estado aumente el número de nuevos préstamos y créditos, generando un proceso de endeudamiento acumulado. Este proceso, tarde o temprano, terminará en una nueva crisis en la balanza de pagos, que fue la situación que supuestamente impulsó la necesidad del acuerdo con el FMI en primer lugar. Es decir, hay una entrega de la nación a los intereses del exterior, con anuencia de la oligarquía local, y la complicidad de un mandatario al que se le había votado por haber aparentado que continuaría un proceso de respeto a la soberanía nacional.