Honduras: Juan Orlando en apuros

Casi siempre que queremos calificar a un gobernante de algunas de las republiquetas del continente, inquirimos si era o no uno de los favoritos de Donald Trump, para conocer cabalmente su ubicuidad.

Y, en este sentido, al que muchos llaman Mano de Hierro, para señalar al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene un lugar preponderante, al campear por sus respetos con el apoyo de la Inteligencia estadounidense y altos mandos castrenses locales, para hacer negocios sucios a tutiplén, dentro y fuera de su nación, sin ser molestado.

Ahora, a pocas semanas de la asunción de un nuevo presidente en Estados Unidos, Joe Biden, la Fiscalía de Nueva York asegura tener pruebas contundentes de la participación del mandatario centroamericano en negocios turbios del narcotráfico, en los que ya fue señalado y apresado uno de sus primos y se asegura hay otros familiares implicados.

Hernández, quien ya tiene dos mandatos presidenciales con eventos en los que se le acusó de comprar votos y a autoridades electorales, apenas tiene simpatías en el pueblo, pero se las ha arreglado para dejar fuera a toda una gama de la oposición, viciada por la división, además de beneficiarse con la huida masiva de hondureños hambreados, desempleados, perseguidos políticamente y temerosos de morir por la pandemia de un nuevo coronavirus que no tiene adecuada atención oficial.

El presidente no solo ha expulsado a indígenas de tierras luego entregadas a latifundistas, sino que está envuelto en una conspiración para asentar contrarrevolucionarios que intentan abortar al gobierno de Nicaragua, asentándolos cerca de la frontera común y avituallándolos convenientemente, gracias a la enorme base norteamericana de Palmerola.

Con Hernández, Honduras se mantiene como el país más violento en el mundo, con un alto índice de asesinatos, unos 418 mensuales en el último año, y una tasa de 59 por cada 100 000, debido a la represión política, el crimen organizado y el narcotráfico.

Se cuentan por miles los hondureños de menos de 30 años que han muerto a manos de bandas de delincuentes y por la desmedida represión policial.

Es común el asesinato de activistas y líderes sociales y comunitarios, como Berta Cáceres, quien defendía a los indígenas y el medioambiente y combatía a una transnacional que explotaba indiscriminadamente recursos del país, apoyada por el régimen.

La conmoción que ello produjo a nivel internacional obligó a las autoridades a presentar a varios chivos expiatorios, señalados como autores materiales del crimen, pero nunca a los intelectuales.

“Los problemas de disciplina y abuso de la fuerza han sido habituales en la Policía Nacional de Honduras”, afirmó en este contexto la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) en un informe sobre el estado del sector de seguridad, que complementó con una nota acerca de que el sistema penitenciario hondureño tiene una sobrepoblación de 51%.

Todo esto se ha agravado durante el mandato de Juan Orlando Hernández, quien llegó al poder como parte del proceso nacido con un golpe de Estado hace 12 años, incoado, organizado y patrocinado por Estados Unidos, un tema que puede ser posteriormente ampliado.