Hija de la derecha peruana

Cuando se especulaba si la derecha hegemónica en Perú la retiraría del escenario para darle otro matiz a la represión desbordada contra una gran parte de la población, el desprestigiado Congreso ni tan siquiera aceptó poner en tela de juicio la presidencia interina de Dina Boluarte, quien también recibió nuevamente el respaldo de la embajada norteamericana y está bajo la tutela de especialistas de la propaganda estadounidense para tratar de limpiar su imagen.
 
Boluarte lleva el estigma de una continuada represión a lo largo de sus cuatro meses de haber usurpado la presidencia del país, tras el complot que depuso y envió injustamente a prisión a Pedro Castillo, así como ordenar la represión a una masa popular que reclama justicia, su dimisión y la del Congreso, y el establecimiento de una nueva Constitución.

Hasta este martes 2 de abril suman 69 los manifestantes asesinados por las fuerzas policiales y el ejército, y unos 50 el número de desaparecidos, lo cual mantiene acéfalo al movimiento de protesta que no cesa, a pesar de las inundaciones que afecta a gran parte de la nación.

Todo en medio de una exhibición de falsa democracia con la asistencia de Boluarte a interrogatorios de la Fiscalía, lo cual, como es de presumir, le da un espaldarazo a su forma de gobernar, que trata de extender hasta el 2026, con un Congreso complaciente y sin temor a perder sus privilegios.

Así ha pasado con la acusación de que su campaña electoral fue financiada ilegalmente por los empresarios Henry Shimabukuro y Eduvigis Beltrán.

Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, aseguró que Shimabukuro aportó 800 000 soles y Beltrán dio otros 150 000, y cuestionó también que Boluarte siga indicando que no conoce a Henry Shimabukuro.

“Hasta el día de hoy, dice que no conoce, que deslinda, que el señor Shimabukuro no forma parte de su círculo, cuando él pagó incluso hasta 3 500 soles para plancharle la blusa. Señora presidenta, dé la cara”, sostuvo.

REPUDIO DIPLOMÁTICO

Los roces diplomáticos del gobierno de Boluarte han incrementado las tensiones con Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México, que la han señalado de violar constantemente los derechos humanos, de descalificar las protestas y estigmatizar a los manifestantes como "un pequeño grupo de violentistas" y "terroristas", además de reprimirlos.

La legitimidad del gobierno de Boluarte también es puesta en duda y desconocida por varios países del continente. México y Honduras han reiterado que siguen reconociendo a Castillo como presidente de Perú; mientras que desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) advierten que la vacancia de Castillo se dio en contra del mandato popular y se gestó a través de una continuada persecución judicial que finalmente se concretó en un golpe de Estado parlamentario.

Entre las acciones que han tomado Boluarte y el Congreso peruano a nivel diplomático contra sus detractores está la de decretar como personas no gratas al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al exmandatario de Bolivia, Evo Morales; al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, mientras estudian aplicar la misma medida contra el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales críticos de lo que sucede actualmente en Perú, quien además defiende a Castillo y brindó asilo a su esposa e hijos.

CRISIS INTERNA

La Administración de Boluarte, además de las protestas generalizadas, también se enfrenta a una potencial crisis económica causada por la inestabilidad política, el paro parcial de la actividad productiva y los continuos bloqueos de carreteras como parte de las manifestaciones.

Ese clima de ingobernabilidad, así como las denuncias de violaciones a los derechos humanos, han provocado que se vea afectada por continuas renuncias y nombramientos de nuevos funcionarios en distintos despachos del Ejecutivo, por lo cual ha tenido que recurrir a personajes tales como el hiperreaccionario Alejandro Otárola, actual premier, siempre con anuencia de la embajada estadounidense.

Recuerdo que en la víspera de cumplirse el tercer mes de protestas y el mismo tiempo de Boluarte en el poder, los manifestantes pintaron un enorme mural en Lima con un mensaje que decía "Estado asesino", una frase que se mantiene vigente y devela el entresijo de un conflicto político interno que podría derivar a una "guerra civil", según las comunidades indígenas aimaras que habitan en el sur peruano.