Guatemala: Escabroso camino hasta enero

Ya de por sí era extenso el tiempo que separaba el resultado de las elecciones presidenciales guatemaltecas y la fecha de toma de posesión, con un camino preñado de dificultades y oportunidades para elaborar cualquier trapisonda con el fin de evitar la asunción de Bernardo Arévalo y la puesta en práctica de averiguaciones sobre la corrupción imperante en las clases dominantes de la nación centroamericana.

Quizás una de las cuestiones que no han tenido en cuenta los corruptos es que el movimiento contra ellos ha ido creciendo y fortaleciéndose, por lo que ahora miles de trabajadores han decretado una huelga general y las comunidades indígenas declararon una alerta general hasta la posesión del nuevo presidente en enero.

Los intentos para lograr la destitución de la corrupta Fiscal Porras han sido infructuosos, porque cuenta todavía con poderosos aliados, que la siguen respaldando en sus ilegales esfuerzos contra Arévalo y su movimiento Semilla.

Así, acaba de intervenir en el Tribunal Supremo Electoral, apoderarse de las actas electorales y mantener en el limbo cualquier acción que interfiera con ello.

INMORALIDAD

Recoge la agencia noticiosa española EFE que las medidas tomadas por la Fiscal y cumplidas por las instancias bajo su control están diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de derecho en general.

En este contexto se encuentra el ya mencionado registro de la sede del Tribunal Supremo Electoral por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que cumple órdenes de Porras.

Tal situación es tan inmoral que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volver Turku, expresó su preocupación por las medidas tomadas por las autoridades judiciales.

Ese allanamiento, recordó el comunicado de la oficina que dirige Turku, fue solicitado por el juez del juzgado Séptimo Penal, quien ordenó la incautación de las actas oficiales que certifican los resultados de las elecciones presidenciales de agosto, siendo el cuarto registro realizado en la sede del TSE en el contexto postelectoral.

Otro hecho que el Alto Comisionado consideró preocupante es el intento de levantar la inmunidad de los magistrados del TSE por presuntamente cometer delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

"Existe seria preocupación sobre la compatibilidad de estas acciones con el Derecho Internacional, así como con la Constitución guatemalteca y la legislación nacional", declaró Turku.

El alto comisionado austriaco también consideró "especialmente inquietante" la denuncia de hostigamiento e intimidación contra funcionarios electorales y personas electas, incluidos el presidente electo (Bernardo Arévalo) y la vicepresidenta electa (Karin Herrera).

"Pido a todas las autoridades guatemaltecas que se abstengan de cualquier intento adicional de desafiar la voluntad del voto popular", concluyó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

El Alto Comisionado expresó por otra parte su preocupación por el riesgo de violencia en el país centroamericano, "debido a la tensa situación" preelectoral que vive, ante lo cual pidió que "se respete plenamente el derecho de reunión pacífica".

RELATO DEL ESCARNIO

El TSE había denunciado este sábado que los fiscales del Ministerio Público secuestraron actas electorales que registraron la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo durante un allanamiento realizado en la sede de la entidad.

Imágenes difundidas en las redes sociales recogen el momento en que los documentos son retirados, mientras los magistrados intentan impedirlo. Desde el TSE precisaron que el allanamiento por el personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de la sede principal del organismo se llevó a cabo por espacio de más de 18 horas.

"Se llevaron todas las cajas, con todos los resultados", denunció la magistrada Blanca Alfaro, señalando que los fiscales prometieron devolver las actas el próximo miércoles. 
"¿Para qué los van a devolver si ya salió de nosotros? No sabemos qué pueden hacer con ellos", señaló. Asimismo, Alfaro denunció haber sido lastimada por agentes del Ministerio Público cuando los magistrados, en su intento por evitar el registro, se interpusieron entre ellos y la sede.

Por otra parte, la magistrada denunció que, en otras elecciones el proceso se llevó a cabo de forma distinta, con la citación de la junta receptora de votos, mientras que la diligencia se efectuaba en presencia de todos. "Bastaba con todo lo que hicieron, con las fotografías, con los escáneres. No había necesidad de llegar a los golpes ni que lo empujaran ni botaran a uno. No se vale", afirmó, citada por Emisoras Unidas.