Petro enfrenta el fraude

No es la primera vez ni será la última que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenga que luchar contra todo tipo de fraude para echar abajo sus propuestas de mejorar la vida del pueblo y fortalecer la necesaria armadura ante enemigos tarifados de todo tipo que la oligarquía utiliza para recuperar el poder en la nación suramericana.

En la más reciente ocasión la chapucería cometida en el Senado para rechazar la propuesta del presidente de celebrar un referendo popular sobre la reforma laboral ha hecho que el mandatario la vuelva a proponer. 

Basta decir que no se alcanzó el quorum para celebrar la Asamblea, el presidente del Senado evitó que 12 legisladores ejercieran su derecho al voto e hizo asistir a uno que se hallaba en prisión para que sufragara en contra.

Petro, desde China, donde presidía la cumbre de la CELAC con la nación asiática, denunció que el rechazo a la consulta popular en el Senado estuvo mediado por dinero.

El mandatario arremetió contra lo que calificó de trama que ya había urdido el uribismo en la Cámara Baja, en la cual se decidió votar primero una apelación antes que el proyecto presidencial, que ya contaba con los votos para su aprobación.

Para Petro, la oposición actuó de manera horrorosa al tumbar las preguntas de la consulta popular vinculadas a la reforma laboral. “Es un paso atrás del Senado. Se dieron cuenta que metieron la pata de manera horrorosa en la historia de Colombia”, declaró. 

En referencia a la apelación votada, el mandatario insistió en que el rechazo a la consulta fue ilegítimo, dado que no reunió a la mitad más uno de los 105 senadores que componen la Cámara: “49 senadores no son mayoría. ¿Y por qué impidieron que votaran las mayorías? Solo pudieron en dos minutos y 30 decir que habían ganado porque un exconvicto, un convicto, votó. Lo cual es el símbolo del fraude”. 
Aunque no identificó nombres, aseguró que el que dirigió la maniobra —a quien describió como “primo de Uribe” e “ideológicamente contrario” a la reforma— actuó como parte de una “trampa para el pueblo colombiano”. 

Petro confirmó que relanzará la consulta popular con las mismas preguntas rechazadas, más una adicional para regular el sistema de salud: “No puede haber más acaparamiento en medicinas. Y el precio de las medicinas no puede ser el de la especulación. La pregunta va dirigida a eso”.

Frente a la oposición en el Congreso, Petro instó a los colombianos a no “dormirse” y a presionar con protestas. Recordó que los derechos laborales se han conquistado históricamente con movilizaciones: “Hay un derecho a huelga establecido para el trabajador en la Constitución, desde la huelga por unas horas hasta la indefinida”.

Posteriormente, en un despacho de Prensa Latina, sugirió que una huelga nacional podría ser necesaria si el Estado ignora las demandas: “Cuando un Estado llega al punto de separación máxima de la sociedad, ya debe ser reemplazado por completo”. 

Aunque, según el diario Red, admitió que las reformas aún no son “leyes en firme”, confió en que la presión social logrará avances: “Es cierto que sin movilización contundente hoy no se estaría estudiando ninguna reforma laboral en el Senado, ni se estaría estudiando la reforma pensional”.

DEMASIADO PARA LOS CORRUPTOS

Para los legisladores corruptos es demasiado  amenazador una reforma laboral en Colombia que tiene como objetivo mejorar la estabilidad y las condiciones laborales de millones de trabajadores, enfocándose en la formalización del empleo y la regulación de nuevas modalidades de trabajo. Según el Ministerio del Trabajo, entre los principales beneficiarios se encuentran los empleados de plataformas digitales de reparto, microempresarios, trabajadores del arte y la cultura, deportistas, entrenadores, periodistas y trabajadores de servicios temporales.

Entre los cambios clave propuestos se incluyen la promoción de contratos a término indefinido, la reducción de la jornada laboral diurna, el aumento de recargos por trabajo en días festivos y la implementación de supervisión humana en sistemas automatizados de empleo.

Todos los partidos opositores se han unido para echar abajo la política progresista presidencial, descollando en este contexto Honorio Henríquez (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador),  Nadia Blel (Partido Conservador),  Ana Paola Agudelo (Partido MIRA), Norma Hurtado (Partido de La U) y Fabián Díaz (Alianza Verde).

En una entrevista con Semana, Blel también advirtió sobre la posibilidad de bloquear la reforma a la salud, la cual busca restringir el negocio de las corporaciones privadas prestadoras del servicio y ampliar la capacidad de atención del sistema público.

MALVADOS EN COMPETENCIA

Desde sus inicios, el Partido Conservador se ha comportado como el ente articulador de los clanes mafiosos, como la mencionada Biel, de Bolívar, y Andrade, del Huila.

Uno de los principales escándalos de la senadora Blel gira en torno a las conexiones entre los financiadores de campaña y contratistas de la Gobernación de Bolívar, departamento gobernado por su hermano Vicente Blel hasta el 2024. Se ha señalado que varias personas y familias que financiaron sus campañas también han obtenido contratos de salud con la administración departamental, lo que ha despertado sospechas sobre un posible uso clientelista de estos recursos.

La influencia política de los Blel no es reciente. Su padre, Vicente Blel Saad, fue condenado por sus vínculos con grupos paramilitares durante el escándalo de la parapolítica, un hecho que ha ensombrecido el legado familiar. Nada nuevo en la larga historia del Partido Conservador, cuna del paramilitarismo desde la fundación de “los chulavitas” a mediados de los años 40.

Se estima que Vélez sea nuevamente respaldado por la bancada uribista para disputar la curul de la diáspora que actualmente ocupa la feminista indígena Carmen Ramírez, del Pacto Histórico.

Otro oscuro capítulo del clan Blel es el de Carlos Andrés Rodríguez Arana, contratista de la Gobernación de Bolívar durante la administración de Vicente Blel. En el 2020, se reveló que Rodríguez Arana, como representante legal de la empresa Salud Segura R y L SAS, obtuvo un contrato por más de 435 millones de pesos para la compra de elementos de bioseguridad. Este proceso fue cuestionado debido al lobby de su tío, Jorge Rodríguez Sosa, entonces presidente de la Asamblea de Bolívar, lo que presuntamente generó conflictos de interés e irregularidades en la adjudicación.

CLAN URIBE

La ultraderecha uribista está representada en el Congreso por los partidos de la U, MIRA, Centro Democrático, Cambio Radical. En los últimos años, 60 congresistas del arco uribista han sido condenados por sus vínculos con grupos paramilitares. 

Según testimonios de exlíderes paramilitares, la presión política y militar que ejercían en algunas regiones les permitió establecer alianzas con las familias más poderosas de la zona. Mientras los paramilitares obligaban a las poblaciones a votar bajo amenazas, estos clanes promovían leyes que favorecían sus intereses económicos. De acuerdo con los testimonios del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, esta estrategia fue clave para la elección de Álvaro Uribe como presidente en el 2002.

En el 2018, el congresista Honorio Henríquez fue suspendido temporalmente de su cargo por el Consejo de Estado, debido a irregularidades en la elección del 2014. Sin embargo, logró retomar su posición con el apoyo del Grupo Daabon, con sede en Magdalena, uno de los beneficiarios de la multimillonaria estafa de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El nombre de la senadora Norma Hurtado ha sido vinculado al bloqueo de las reformas sociales impulsadas por el actual gobierno. En el 2023, el canal Noticias UNO reveló que Hurtado habría seguido instrucciones de Dilian Francisca Toro, líder de su partido (La U) y actual gobernadora del Valle del Cauca, así como de Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, para hundir el primer texto de la reforma a la salud.

La denuncia indica que ambos partidos habrían recibido financiación de la multinacional Keralty, propietaria de la EPS Sanitas, que tenía intereses en frenar la reforma, ya que ésta proponía limitar el poder de las empresas gestoras de salud. Estas acusaciones generaron controversia y reforzaron las críticas sobre la influencia de los sectores privados en el debate legislativo sobre el sistema de salud.

En el caso del partido cristiano MIRA, el boicot institucional contra las reformas sociales del gobierno progresista parece estar motivado por el intento de recuperar su influencia sobre la Cancillería. Ana Paola Agudelo trabajó en temas migratorios junto al entonces congresista de la diáspora, Juan David Vélez, quien ha sido señalado por presuntamente utilizar su cargo para favorecer a su familia en distintas gestiones diplomáticas, generando controversia sobre su labor legislativa. Se estima que Vélez sea nuevamente respaldado por la bancada uribista para disputar la curul de la diáspora que actualmente ocupa la feminista indígena Carmen Ramírez, del Pacto Histórico.

Finalmente, la bancada del Partido Verde está llamada a cumplir con sus deberes corporativos. El portal Cuestión Pública reveló que uno de los miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), de Katherine Miranda, líder de la facción de derecha, recibió 74 millones de pesos entre 2022 y 2023 mediante dos contratos suscritos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para brindar asesoría jurídica a la entidad.

Largo, pero necesario acotamiento para hacer saber a qué se enfrenta el actual gobierno y las aspiraciones de justicia del pueblo colombiano.