De la Constitución de 1940 a la Ley de 1959: el camino hacia la justicia agraria en Cuba

La Ley de Reforma Agraria, firmada por Fidel Castro el 17 de mayo de 1959, fue una de las medidas más trascendentales aprobadas por el gobierno cubano en los años iniciales de la Revolución. Sin embargo, la idea de implementar una medida de tal magnitud no nació con la llegada de los rebeldes al poder. 

Durante todo el siglo XX, una reforma en la esfera agraria que revirtiera la situación de explotación en que se encontraba la clase campesina había sido un anhelo para gran parte del pueblo cubano. Con la Constitución de 1940 surgió una esperanza, pues aquel texto jurídico proscribía el latifundio en su artículo 90. Incluso, la carta magna afirmaba, respecto a los privilegios foráneos, que se limitaría “restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras” y se adoptarían “medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano”. Esto último habría contribuido a subvertir la concentración monopólica sobre la tierra, en un contexto en que compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, detentaban la propiedad de grandes extensiones de terreno cubano.
 
Pero durante la década de 1940 la realidad fue otra. Aunque era mandato constitucional, la reforma prevista no se consumó porque iba contra intereses representados por los gobiernos burgueses. Ni en el período presidencial de Ramón Grau San Martín, ni en el de Carlos Prío y mucho menos en el de Fulgencio Batista se dieron pasos significativos hacia una reforma agraria. 

La reforma agraria no solo formaba parte del programa revolucionario; estaba en plena coherencia con el ordenamiento republicano vigente hasta el golpe de Estado de 1952, al menos desde el punto de vista formal. Con el triunfo de la Revolución se estableció, el 7 de febrero de 1959, como normativa suprema, la Ley Fundamental. Esta mantenía fielmente el artículo 90 de la Constitución de 1940. Es decir, el documento jurídico de mayor rango en Cuba continuaba prescribiendo el latifundio. Se trataba del tema socioeconómico en el que más se evidenciaban los antagonismos de clases en la mayor de las Antillas.

La Ley de Reforma Agraria fue sometida en abril a consideración del Consejo de Ministros, órgano sobre el que descansaban las funciones ejecutivas y legislativas. Pero antes había sido redactada, debatida y consensuada en una discreta casa en Tarará, en el litoral este de La Habana, donde el Che Guevara hacía reposo tras una crisis de asma. Además del Guerrillero Heroico y Fidel, en esos intercambios participaron Carlos Rafael Rodríguez, Antonio Núñez Jiménez, Vilma Espín, Alfredo Guevara, Raúl Castro y otros dirigentes. El análisis tomó varias jornadas de labor. De acuerdo con Katiuska Blanco, biógrafa del Comandante en Jefe, cuando el equipo de trabajo pensaba que había avanzado, “sometían el borrador a consideración de Fidel y en numerosas ocasiones les sugirió ideas y propuso modificaciones para mejorar su redacción y completar sus contenidos”.

La normativa contemplaba la indemnización a los afectados con bonos pagaderos en un plazo de 20 años y un interés del 4.5 por ciento. Varios historiadores han coincidido en que la alternativa de compensación aprobada se debió a la falta de liquidez suficiente para pagar en efectivo las expropiaciones. Esto no agradó a los grandes propietarios. Por su parte, el liderazgo revolucionario afirmaría posteriormente que los compromisos contraídos con quienes aceptaron la oferta fueron honrados. 

Más de seis décadas después de la firma de la Ley de Reforma Agraria, su impacto sigue siendo objeto de análisis y debate. Para unos, representó la materialización de un sueño largamente postergado, un paso decisivo hacia la justicia social y la soberanía. Para otros, sus consecuencias fueron más complejas. Lo que resulta innegable es que la firma del 17 de mayo de 1959 no solo cambió el destino de la tierra en Cuba, sino también el rumbo de una nación.