Boluarte, dos años de descaro

Cuando hace unos días Dina Boluarte cumplió dos años al frente de la presidencia de Perú, sus índices de popularidad eran apenas del 3%, y muchos recordaron como había asumido el poder tras traicionar a Pedro Castillo, de la que era su vicepresidenta, y prestarse a manejos de todo tipo para finalmente adherirse a la más espuria derecha.

No se sabe ya la cantidad de investigaciones e intentos inútiles para deponerla, gracias a un Congreso también muy impopular, en tanto una y otra vez fiscales, jueces y abogados se dan con un canto en la pared cuando intentan juzgarla por su responsabilidad en el asesinato de decenas de manifestantes -en su mayoría indígenas- e innumerables actos de corrupción, sin contar las fechorías de varios de sus familiares.

Su anterior premier, Alberto Otárola, aseguró hace poco al Parlamento que la mandataria no informó a los legisladores que se operó la nariz en el 2023, incumpliendo la Constitución peruana, lo cual, por supuesto, no causó revuelo por tener el fujimorismo y otros elementos reaccionarios el control de la Cámara.

Boluarte, quien ha subrayado que no renunciará en modo alguno y finalizará su mandato, ha calificado de intolerantes a las decenas de miles de personas que participan en las demostraciones en su contra, alegando, ante el mando policial y militar que “no podemos negar que existen ideologías del odio que promueven la violencia. Actuamos con serenidad, con inteligencia ante las manifestaciones violentas de los intolerantes, que fueron rechazadas por todas las instituciones del Estado”.

RECUENTO

Boluarte inició su gestión el 7 de diciembre del 2022 luego de que el Congreso destituyó a Castillo. Las protestas que se sucedieron para exigir su renuncia, concluyeron en marzo del 2023 con un saldo de 70 civiles muertos y 716 lesionados, según la fiscalía.

La actual mandataria, enfrenta, además, seis indagaciones fiscales por diversos delitos, entre ellos el de homicidio por su responsabilidad en las muertes de los manifestantes, cohecho por recibir relojes de lujo de un gobernador regional y abuso de autoridad al desactivar un grupo policial que adelantaba investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, acusado de tráfico de influencias, entre otras.

También ha sobrevivido a varios intentos de destitución en el Parlamento, los cuales ha sorteado por la coalición de grupos legislativos conservadores.
Todo se explica por el mal de fondo en que se encuentra esta nación tan rica en recursos y hoy escenario de la más fraudulenta gobernación, que, con la complicidad del Congreso, ha permitido la entrada de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos para supuestamente “poner orden”. Curiosamente, la violencia, la delincuencia y el narcotráfico han aumentado aún más.

CONCLUSIONES

Es ridículo achacar a Castillo un movimiento golpista: a nadie se le escapa que los golpes de Estado precisan de alianzas profundas con sectores militares, mediáticos, empresariales y de la burocracia estatal, algo con lo que el ex presidente nunca contó. De hecho, su gobierno no dejó de estar asediado política y mediáticamente por los herederos del fujimorismo y el racismo.

En realidad, lo que hubo desde el principio fue un golpe parlamentario contra el presidente legítimo de Perú, Pedro Castillo, coordinado por la derecha peruana y con un apoyo resuelto de las fuerzas armadas.
 
El actual gobierno peruano está sosteniéndose únicamente en una dinámica represiva contra quienes se manifiestan o critican a Boluarte, basado en revivir perpetuamente el fantasma terrorista y justificar así la violencia del Estado. 
Lo cierto es que ninguna de las personas asesinadas por las fuerzas policiales y militares –entre ellas varios niños– tenía antecedentes, simplemente fueron masacrados por protestar. Todo ello revela los resabios fujimoristas de una oligarquía blanca y tremendamente antidemocrática.