Bolivia: Unidad ante barruntos golpistas

Desde la ciudad de Oruro, el presidente de Bolivia, Luis Arce, convocó este sábado 15 de octubre a la unidad de las organizaciones sociales del país para derrotar a los elementos de derecha que vuelven a remozar sus ínfulas golpistas contra su gobierno, señalando que ya han puesto en marcha un plan de desestabilización total.

Arce, quien participó en la apertura del Ampliado Departamental de La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, señaló que la guerra entre Ucrania y Rusia tiende a alargarse por más tiempo y en el país se tensa la situación por la movilización de sectores opositores que amenazan con ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre.

“Ese contexto internacional hoy se ve aún más empeorado en nuestro país cuando la derecha, cuando la vieja derecha golpista, ha, nuevamente, remozado sus garras, nuevamente se ha reorganizado en todo este tiempo, queriendo generar desestabilización al Gobierno nacional”, alertó el jefe de Estado, quien, según la Agencia Boliviana de información, expresó que el pueblo quiere trabajar y producir para salir de la crisis que el gobierno de facto del 2019-2020 dejó al país y del que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue uno de sus aliados.

Precisamente, Camacho es uno de los promotores del paro indefinido que, junto con el Comité Pro Santa Cruz, dirigido por Rómulo Calvo, dieron un ultimátum al gobierno para que hasta el 21 de octubre fije la fecha del Censo de Población y Vivienda para el 2023.

Ellos se centran en su negativa de dialogar sobre su propuesta de realizar la encuesta nacional en menos de ocho meses, con acciones como la de no acudir a la mesa técnica del pasado día 11, en la que estuvieron presentes organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. 

Y van a contracorriente de sectores como la Cámara Agropecuaria del Oriente, de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, de las organizaciones sociales aglutinadas en el Bloque Oriente y de varios grupos de la población cruceña que anunciaron que no acatarán el paro.

REGRESO A LA VIOLENCIA

Esos elementos reaccionarios pretenden que la medida se torne violenta como ya sucedió en el 2019, cuando similares protestas con ultimátum de por medio dieron lugar a la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación como presidenta de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, quien dio carta blanca a las Fuerzas Armadas para reprimir a las movilizaciones en Senkata y Sacaba.

Pero esa administración de facto no solo cometió esas masacres, sino que durante la pandemia del COVID-19 encerró a los bolivianos en sus hogares, clausuró el año escolar en el 2020, dejó sin dinero las arcas del Estado y paralizó más de 1 800 proyectos regionales y 3 000 obras nacionales.

Así demostró su incapacidad en la administración pública y también en entender las necesidades del pueblo boliviano.

Y mientras la prensa de derecha ataca al gobierno y especula sobre supuestas discrepancias entre Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales, trascendió que la conspiración contra Arce contempla el asesinato de Evo, por lo cual el Movimiento Al Socialismo (MAS) declaró el estado de emergencia.

Este complot se denomina Plan Oscuro y es dirigido desde el exterior, y toma ahora mayores ribetes tras la postura asumida por Bolivia en Naciones Unidas de no condenar a Rusia por su operación militar en Ucrania y expresar su desconfianza hacia Estados Unidos.

Según el diario La Razón, el MAS también pidió la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y del titular de Justicia, Iván Lima, “por sus claras posiciones contrarrevolucionarias”.

Por otra parte, exigió la suspensión del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Nina, por presunta corrupción.

MATONISMO

Mientras tanto, Fernando Camacho lideraba un paro indefinido en Santa Cruz y rechazaba cualquier tipo de diálogo.

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este lunes que el ciclo político del gobernador de Santa Cruz es descendente y que eso se ve reflejado en la poca convocatoria al paro que rechaza la postergación del Censo de Población y Vivienda hasta el 2024.

Comparó el primer paro del 25 de julio en el que, según Richter, “el gobernador estaba contento porque nadie salió a las calles y que eso significaba un acatamiento en los hogares”. Sin embargo, “hoy pide a la gente que masivamente vaya a las calles” a bloquear.

“Si esto (el paro) no llega a plasmarse, el ciclo (político) del señor Camacho está en un ciclo descendente, eso genera un hartazgo y molestia en la población cruceña”.

Asimismo, calificó de “matonaje” (matonismo) los actos de hostigamiento al domicilio del alcalde de Santa Cruz, Jhonny (sic) Fernández, por grupos afines a la paralización de actividades en esa capital, que utilizaron fuegos artificiales muy cerca de la casa de la autoridad edil, en la zona de Las Palmas.

También agregó que no van permitir ningún tipo de atentado al gobierno y acusó a Camacho de estar propiciando un golpe de Estado.

LA FÓRMULA GOLPISTA

Tanto el gobernador, Camacho, como el Presidente del Comité Cívico, Calvo, dijeron que ellos conocen muy bien la receta para tumbar gobiernos.

Pero ellos no han sido los únicos en encabezar tales intentonas. Luego de restaurada la democracia, con Luis Arce como presidente, fueron frustrados preparativos de un segundo intento de golpe de Estado, esta vez de la mano de Luis Fernando López Julio, contratistas militares estadounidenses y grupos renegados de policías y militares bolivianos, según una investigación de The Intercept.

The Intercept, una organización de noticias galardonada y financiada por el fundador y filántropo de EBay, Pierre Omidyar, desde el 2014, difundió el 17 de junio del 2021 un amplio reportaje titulado: “Exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe con mercenarios estadounidenses”.

La indagación, que incluye documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas sostenidas por López Julio y otros actores, desnudó un plan para desplegar a cientos de mercenarios de Estados Unidos con el fin de impedir las elecciones generales o evitar que Luis Arce asuma la presidencia de Bolivia, pese a que ganó los comicios con el 55,11% de apoyo.

“Varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policías renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”, indica la pesquisa.

La más larga de las grabaciones es una llamada telefónica de 15 minutos con una persona que The Intercept identificó como López Julio, a quien en la grabación se refieren como “Señor Ministro”. Otros actores son Joe Pereira, un ex administrador civil del Ejército de los Estados Unidos (…) y «Cyber Rambo», es decir Luis Suárez, un exsargento del ejército estadounidense de origen boliviano.