Morales y Rousseff repudian ‘guerra política’ contra Fernández

Evo Morales y Dilma Rousseff salen en defensa de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, luego de que un fiscal pidiera 12 años de cárcel para ella.

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha expresado este martes su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, aseverando que la vicepresidenta es víctima de una “persecución política y mediática” que ella misma vivió en 2016, por lo que fue destituida de la Presidencia.

“Se trata de pura persecución política y mediática. Es el método que la extrema derecha adoptó en el continente para aislar líderes que viven en el corazón del pueblo”, ha asegurado la exmandataria brasileña subrayando que, hasta hoy, ninguna corte de Argentina ha considerado válido las acusaciones contra Fernández.

Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales ha aseverado que Fernández es víctima de una guerra política que busca alejarla de la política, y ha comparado el comportamiento del fiscal argentino con el del juez brasileño Sergio Moro, quien en abril de 2018 decretó la orden de 12 años en prisión contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Como habíamos advertido, la hermana Cristina Fernández es víctima de un ataque inclemente de ‘lawfare’ o guerra política que usa a la justicia como arma para inhabilitarla. Repudiamos la actuación de fiscales que imitan al juez Moro. ¡Fuerza hermana Cristina!”, ha criticado Morales en un mensaje emitido hoy martes en su cuenta en Twitter.

El fiscal Diego Luciani pidió el lunes ante el Segundo Tribunal Oral Federal (TOF) una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para Cristina Fernández, en el juicio que enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

La vicepresidenta, junto a una docena de personas, es acusada de irregularidades en la adjudicación de 51 obra pública entre el 2003 y el 2015 en la provincia de Santa Cruz (sur), para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.

Fernández denunció en su cuenta de Twitter que se enfrenta “a un pelotón de fusilamiento mediático judicial” y no a un tribunal constitucional, ya que le han impedido ejercer su derecho a la defensa frente “a cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación”.