El movimiento social de la provincia argentina de Jujuy, a pesar de la violencia de la represión ocurrida durante la semana que termina, mantiene este viernes la protesta en las calles de la ciudad de San Salvador y en vías de comunicación en distintas partes.

Durante esta jornada hay concentraciones en varios municipios de la provincia y cortes en las carreteras, con liberaciones periódicas en las que se permite el paso a los vehículos, en coincidencia con un paro prolongado de docentes y otros funcionarios, que exigen mejoras salariales desde hace tres semanas.

El Gobierno de Gerardo Morales realizó una nueva oferta salarial a docentes, la cual ya fue rechazada por los educadores al considerarla insuficiente.

Al mismo tiempo, en una de las provincias argentinas con mayor porcentaje de población indígena, las comunidades originarias se sienten perjudicadas por la enmienda oficializada este miércoles con la aprobación de la reforma constitucional, porque, dicen, limita sus derechos sobre las tierras que habitan desde hace generaciones.

En las últimas horas, miles de personas de varios colectivos se manifestaron pacíficamente por el centro de San Salvador, a donde llegaron desde otros puntos el colectivo de mineros del Aguilar y grupos de gauchos en reclamo por la derogación de la reforma o, en su defecto, la dimisión de Morales, a quien llamaban con insistencia "gato" (ladrón) y dictador.

Asimismo, pidieron justicia por la represión policial de la noche del martes, cuando se registraron más de 170 heridos y unos 70 detenidos, de los cuales una veintena fueron ayer puestos en libertad con cargos.

Entretanto, luego de ordenar la feroz represión de la que fueron víctimas docentes, trabajadores de diversos sectores y comunidades indígenas, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, afirmó que en esa provincia “siempre se respetaron los derechos humanos”.

El gobierno de Gerardo Morales (ahora precandidato a la vicepresidencia en Juntos por el Cambio) salió a negar su responsabilidad por la conmoción social que atraviesa esa provincia producto de la aprobación inconsulta de reformas a la Constitución local, que penaliza las protestas sociales y avanza sobre propiedades originarias.