Expresidente argentino Macri imputado por supuesto espionaje

Un fiscal argentino imputó el viernes al expresidente Mauricio Macri y a su exjefe de inteligencia por presunto espionaje ilegal contra dirigentes políticos y periodistas.

La medida fue dispuesta por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien dio curso a una denuncia presentada por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, luego del hallazgo de un disco rígido con supuesta evidencia del espionaje ilegal a correos electrónicos de al menos 85 personas, entre ellas varios exfuncionarios del propio gobierno de Macri (2015-2019), opositores, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad.

En Argentina el espionaje interno requiere de una orden judicial previa.

La resolución de Di Lello da cuenta de un cambio de era en el Poder Judicial ya que ahora Macri, quien no detenta ningún cargo político, aparece involucrado en varias investigaciones tal como le sucedió a su antecesora y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Entre 2015 y 2019 Fernández de Kirchner fue procesada en una decena de causas, la mayoría por supuesta corrupción, y enfrenta un juicio oral por irregularidades en la licitación de obras públicas. El proceso está suspendido por presuntas dificultades de conectividad que impiden pueda continuar de manera virtual mientras rige la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Macri, por su parte, es investigado también por la condonación como presidente de una importante deuda que mantenía la empresa Correo Argentino, propiedad de su familia, con el Estado; licitación de parque eólicos y financiamiento de campañas, entre otros expedientes.

En la causa por presunto espionaje ilegal, Di Lello también imputó al exjefe de inteligencia Gustavo Arribas; a quien era su segunda Silvina Majdalani; un exfuncionario de segunda línea de la agencia y a un grupo de agentes que no fueron identificados.

AP intentó obtener un comentario del expresidente a través de su portavoz pero no hubo respuesta.

Ahora corresponde al juez federal Macelo Martínez De Giorgi dar curso o no a la investigación.