Steve Bannon, asesor político del expresidente estadounidense Donald Trump, podría enfrentar cargos penales por negarse a declarar ante el comité de la Cámara Baja que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero pasado.

Los miembros de dicha comisión pedirán al Departamento de Justicia (DOJ) acciones penales contra Bannon, cuyo abogado informó que no ofrecerá su testimonio a los legisladores encargados de averiguar lo ocurrido durante el asalto al Congreso por parte de los seguidores del exmandatario republicano.

El líder del comité especial, el representante demócrata Bennie Thompson, afirmó en un comunicado que no tolerará el desafío a las citaciones, por lo cual recurrirá a otros procedimientos.

Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para obtener la información necesaria y quienes intenten obstaculizar el trabajo no tendrán éxito, aseveró Thompson.

La ley permite que el Congreso remita al DOJ a un testigo que incumpla con las normas, lo que podría resultar en encarcelamiento, una multa o ambos, precisó el diario The Hill.

Si el DOJ duda en presentar cargos contra Bannon, el comité también podría presentar su propia demanda civil y pediría a un juez que lo culpe por desacato, una medida que también podría significar tiempo en la cárcel.

Otros tres aliados del exjefe de la Casa Blanca también se enfrentan a plazos de citación esta semana: el exjefe de personal, Mark Meadows, y el exfuncionario de la administración, Kash Patel.

La semana pasada, Trump y su equipo legal anunciaron que recurrirían a los llamados privilegios presidenciales para impedir las declaraciones de los funcionarios y el acceso de los congresistas a documentos gubernamentales.

Sin embargo, el actual presidente, Joe Biden, negó al exmandatario su solicitud de impedir el acceso a los registros presidenciales del 6 de enero.

La comisión legislativa que analiza los disturbios ocurridos en la sede del Congreso pidió información sobre las actividades de Trump ese día, cuando sus seguidores irrumpieron en el inmueble federal para impedir la certificación de la victoria electoral de Biden.