"Certificaciones", a lo Made in USA

Mientras EE.UU. acusa a Cuba de ser un país violador de los derechos humanos, acaba de certificar que Colombia, donde hace apenas un año se encontró la mayor fosa común de América Latina con más de 2000 cadáveres y el paramilitarismo es política estatal, respeta "en general" los derechos humanos y ha tenido avances en el tema.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. informó hoy sobre la certificación, enviada al Congreso el 8 de septiembre y que da vía libre a la rama legislativa para desembolsar los fondos restantes asignados para el año fiscal 2011 a las Fuerzas Armadas colombianas, indica un despacho de EFE.

En una muestra del doble rasero con que los "dueños de las listas mundiales" miden cualquier tema, el comunicado aduce que "durante el periodo de certificación, el Gobierno colombiano tomó una serie de pasos importantes para mejorar el respeto a los derechos humanos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en el país en general".

El presidente Juan Manuel Santos, desde que llegó al poder en agosto de 2010, ha "firmado un nuevo Código Penal Militar, facilitado el nombramiento de una fiscal general tras un vacío de 16 meses y ha apoyado los esfuerzos contra la corrupción de las autoridades judiciales", asegura el Departamento de Estado.

Además, ha "fortalecido los esfuerzos para desmantelar a grupos armados ilegales, y firmado leyes que endurecen las penas para los delitos contra activistas de derechos humanos", entre otros pasos.
No es un secreto que Colombia es uno de los fuertes aliados de EE.UU. en la región, y en su territorio, por ejemplo, se ubican bases militares de interés estratégico para el país norteño. La certificación significa una luz verde para liberar fondos de apoyo a las fuerzas armadas colombianas y un impulso al TLC bilateral, el verdadero trasfondo de este anuncio.

Vale recordar que la fosa común, descubierta en el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, era un depósito del Ejército colombiano, que desde el 2005 dejó allí cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre. Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente, un hecho que conmocionó a la opinión internacional, pero hoy al parecer irrelevante en las valoraciones del Departamento de Estado.