‘Callar a los informadores’: el alto precio que se paga por revelar secretos ajenos

Informadores bajo juicio… Rara vez antes se podía ver en los periódicos algo relacionado con este tipo de casos. Ahora, después de los escandalosos procesos en torno a las revelaciones de WikiLeaks, se han convertido en noticias de primera plana.

Y es que parece ser que las filtraciones del portal han puesto en marcha toda una reacción en cadena. Los gobiernos de los países mencionados en las publicaciones utilizan su poderío para promover proyectos de ley que hacen casi imposible la actividad de aquellos que disponen de datos inconvenientes.

El 'caso Addison'

Filtrar secretos es una actividad peligrosa… y Wendy Addison puede dar fe de ello.  Mientras trabajaba para una compañía sudafricana, averiguó que la dirección de la empresa robaba dinero a los accionistas y lo destinaba a paraísos fiscales.
 
“En este punto toda mi vida quedó destrozada. Perdí mi carrera, lo perdí todo.  Yo recibía amenazas anónimas constantemente. En algunas ocasiones estuve a punto de escaparme de la sociedad. Es una cosa muy común entre los informantes, hasta llegué a pensar en el suicidio”, confiesa Addison.
 
'Examen de interés público’

Actualmente el parlamento del Reino Unido estudia un proyecto que determinaría, en caso de ser aprobado, que cualquier información revelada debe pasar por un “examen de interés público”. Solo los datos que puedan considerarse como tales  podrían ser filtrados. Y la larga lista de limitaciones incluida en el proyecto deja bien claro que prácticamente ya no habría lugar para ello.
 
Un miembro de la red internacional de estudios de filtraciones, David Lewis dice que la iniciativa está minando la industria de los informantes.

“El mayor valor de la precaución existente es que no existe ningún test de interés. Fue un examen bastante simple: mientras sus motivos fueran honestos, podría estar seguro en adelante de que estaría protegido. Ahora todos tendrán que cumplir con este test, por lo que será bastante difícil para la gente de notificarlo”, afirma Lewis.
 
Y aún hay más…  existen opiniones de que este examen limitará seriamente la libertad de expresión.

El Gobierno del Reino Unido afirma que la iniciativa busca detener el perjurio de los voceros contra sus empleadores. Pero son varios los que consideran que tan solo servirá para obstaculizar que la verdad salga a la luz y que representa una amenaza muy seria, una medida represiva sobre los informantes.

El precio a pagar
 
Aquellos, que no tuvieron miedo de manifestar la verdad, sufrieron un cambio drástico en sus vidas, si bien sus reputaciones se vieron perjudicadas, o fueron privados de su libertad. Un alto precio que pagaron por revelar los secretos, que los ricos y poderosos jamás hubiesen querido que fuesen divulgados.

“Me dijeron que estoy dando un paso erróneo, pero para mí era algo muy correcto. Sabía que era una decisión correcta”, confiesa Addison.
 
Pero mientras lo que es correcto desde el punto de vista de la moral no esté respaldado por el aspecto legal, la verdad durante décadas podría permanecer encerrada en las cajas fuertes