Guatemala: Jimmy sigue impune

Quién se presentara electoralmente como el “adalid contra la corrupción”, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se encuentra hoy en la vorágine de un tornado que está poniendo a flote gran parte de la maraña ladronística que conmueve a su gobierno, ámbito familiar y numerosas zonas departamentales del país centroamericano.

Morales, un ex comediante que puede en algún momento comenzar a vivir una tragedia, se supo granjear el apoyo de lo que ya para él era usual: las fuerzas armadas, los cuerpos policiales y las entidades de inteligencia, cuyos integrantes vieron aumentados sus salarios y privilegios generalmente disfrutados por personas allegadas a la oligarquía nacional.

El drama para el aún carismático personaje, que cuenta con simpatías posiblemente de seres a quienes engañó y esperan algún beneficio, comenzó cuando dio rienda suelta al fuerte mal carácter que le acompaña para declarar no grato y ordenar la salida inmediata del país al comisionado anticorrupción de la ONU, el colombiano Iván Velásquez, quien ha hecho caer a personeros gubernamentales corruptos, tras procesar al expresidente Otto Pérez Molina por igual delito y, recientemente, pedir que se le retirara la inmunidad a Morales para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita.

No obstante haber conseguido generalmente cuanto se propone, en esta ocasión varios ministros que resultaron indemnes y funcionarios de Naciones Unidas lograron que el presidente retirara su demanda, quizás, pensó, por pensar que ello no tendrá posteriormente efectos contra el Ejecutivo.

Durante su campaña electoral, en el 2015, Morales se había declarado a favor del ente investigador de la corrupción, denominado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que fue alentado por Estados Unidos, pero ahora cambió de parecer, cuando se sintió amenazado, al sentirse investigado y luego que su hijo y hermano fueron enviados a juicio por fraude y lavado de dinero en abril de este año, según recoge Telesur y publica Granma.

Al menos cinco investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público (MP) y la  Cicig están relacionadas con allegados del presidente, quien a su vez también enfrenta un proceso de antejuicio por el ya mencionado financiamiento del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación.

Tres de los casos están vinculados con el financiamiento electoral ilícito  que habría permitido pagar la campaña del Frente que llevó a la presidencia a Morales en el 2015, y por lo que el MP y Cicig solicitaron el pasado viernes el antejuicio en su contra.

Una cuarta pesquisa se relaciona con un fraude en el Registro General de la Propiedad, en la que están involucrados José Manuel Morales, hijo mayor del gobernante, y su hermano Samuel Morales.

El quinto caso es la orden de captura en contra de Alba Elvira Lorenzana, esposa del magnate Ángel González, dueño de los canales abiertos de televisión, en donde Jimmy Morales y su hermano Sammy, transmiten aún el programa cómico Moralejas. La televisión abierta también le ha cedido espacios gratuitos a Morales para promocionar su gobierno.

Hasta semanas antes de ganar la presidencia, Jimmy Morales era el secretario general de FCN-Nación, por lo que sería el responsable de las finanzas del partido y el origen de los fondos, que podría ser ilícito, como se deduce de las declaraciones del narcotraficante Marlon Monroy Meoño, alias el Fantasma, al asegurar que financió la campaña electoral del 2015 de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, por lo que habría otorgado unos 400 000 dólares, equivalentes a tres millones de quetzales.

Según la denuncia, el Fantasma habría entregado el dinero a uno de los hijos de Cabrera; sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos, y ya no aportó las pruebas al Ministerio Público para una posible investigación, pero aseguró que iba a entregarlas cuando llegara a territorio norteamericano, pero allí fue enviado a paradero desconocido.

Se presume que los recursos otorgados sirvieron para comprar una casa en la zona 14, la que ahora ocupa el vicepresidente Cabrera. El inmueble habría sido adquirido con recursos que fueron entregados al hijo del vicegobernante, como parte de aportes para la campaña que, como se dijo, llevó a la presidencia a Morales.

Monroy Meoño es un militar retirado a quien el Tribunal Quinto de Instancia Penal resolvió el 8 de septiembre extraditarlo, pese a que no aceptó dicho procedimiento. Fue capturado el 30 de abril del 2016 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requerido por la Fiscalía del Distrito Sur de Miami. Es clasificado como narcotraficante con mucho poder, acceso a dinero y armamento.

En lo que respecta actualmente al Presidente guatemalteco, el mensaje que transmite con su rechazo a la Cicig es que quien ostenta el poder lo puede utilizar para eludir la justicia y gozar de impunidad, y el hecho de  que el Ejecutivo no esté dentro de los procesos de cambios que se quieren impulsar no le transmite confianza a la ciudadanía.