Los documentos secretos sacados a la luz pública muestran que los medios impresos recibían “periódicamente” cheques firmados por el general Manuel Contreras, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Pinochet.

El periodista chileno, Jorge Escalante, autor de la investigación, reseñó que los pagos efectuados por la DINA “explican, no sólo el ocultamiento en la información de estos medios sobre crímenes de la dictadura, sino también su complicidad”.

Asimismo, Escalante denuncia que los diarios pagados informaron sobre supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes de izquierda, cuando “judicialmente quedó establecido que sus muertes fueron asesinatos y desapariciones”.

Entre los medios que recibían pagos ilegales destacan El Mercurio, el Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), Las Ultimas Noticias, Diario Austral, La Nación, La Prensa, y El Día. La Dirección Nacional de Rehabilitación (Dinar), organismo fachada de la policía política, era el encargado del financiamiento.

En tanto, la investigación sostiene que también recibieron dinero algunas importantes agencias internacionales de noticias, como United Press International (UPI), la Agencia Francesa de Prensa (AFP) y la agencia chilena por excelencia de ese momento, ORBE.

Escalante señala que todos estos medios figuran en documentos desclasificados de Estados Unidos, como receptores de sumas millonarias en dólares, giradas desde Washington por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y el Departamento de Estado.

En ese sentido, el periodista precisa que la información consta en la causa que investiga el asesinato Orlando Letelier, último ministro de Relaciones Exteriores del gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973), cuya muerte de produjo en la capital estadounidense en 1976.

Al respecto, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, expresó que “las sumas de dinero giradas a diversos organismos demuestran que el plan de exterminio que existió en Chile fue una acción de carácter institucional del Estado”.

Por su parte, varios diarios argentinos agregaron que reseñaron que los pagos tuvieron como objetivo “ocultar crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado” durante el régimen de Pinochet.