El «Yo no fui» de Chinchilla

En una situación normal sería muy difícil pensar que Laura Chinchilla pudiera continuar siendo la presidenta de Costa Rica, cuyo gobierno se ha caracterizado por su pésima gestión, transcurrida más de la mitad de su período de cuatro años de mandato, que finalizará en el 2014. 

Escribo “gestión” por decir algo, porque el dejar hacer caracteriza a una mandataria que se aferra a que el suyo es un buen gobierno y sus problemas se debe a la “mal asesoría”. Otras variadas justificaciones las expresó en la única entrevista que mandatario regional alguno haya dado a un bloguero -colaborador de The Miami Herald-, el empresario, periodista y diseñador gráfico Cristian Cambronero, de la que extraemos un elocuente párrafo:

“Yo nunca me he visto involucrada en casos de corrupción. He sido una persona sumamente apegada a los estándares éticos en el ejercicio de la función pública. Siempre que han llegado a mí, denuncias, hemos procurado indagar sobre ellas, y cuando hay elementos incontestables de corrupción, hemos actuado”.
   

¡Y qué remedio! Porque, de no hacerlo, hubiera revelado su complicidad, aunque, de hecho, los implicados salieron por la puerta ancha, sin devolver la plata robada o sufrir penas de cárcel, como pasó con 16 ministros de su gobierno.                                                                       

Las encuestas de opinión realizadas por firmas consultoras y el pulso ciudadano que dan las distintas movilizaciones y manifestaciones sociales, muestran un creciente malestar y descontento de los costarricenses con la situación del país.

Chinchilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), se ubica como la presidenta latinoamericana con menor porcentaje de aprobación (solo un 26%), por debajo incluso del chileno Sebastián Piñera. Una encuesta publicada hace unos días en Costa Rica reafirma esa tendencia: 44% de los entrevistados califican al gobierno de Chinchilla como malo o muy malo, al tiempo que señalan la falta de liderazgo, la ausencia de resultados concretos y la corrupción ministerial, como las principales deficiencias.
                                                                                              
El episodio de la Narco-Avioneta es el mayor ejemplo de corrupción: la Presidenta hizo uso de un avión de la empresa THX Energy, fundada por Gabriel Morales, quien está relacionado con lavado de dinero y narcotráfico y el capo colombiano Luis Carlos Ramírez, alias “Chupeta”. 
                                                                                                     
Ello llevó a la salida de varios miembros del gabinete de Chinchilla: Francisco Chacón, ministro de Comunicación; Mauricio Boraschi, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, e Irene Pacheco asistente personal de Chinchilla.    
                                                                  
Sin embargo, esta medida fue una cortina de humo para resguardar a otros de mayor nivel, y no es un problema de “mala asesoría y descuidos imperdonables”, como lo quieren presentar.   
                                           

El resto de las fuerzas políticas de derecha y las cámaras de empresarios también están colaborando con que esta situación no pase a más. 
                                                                                                            
No es casual que el partido gobernante, de Liberación Nacional, y los tres principales de oposición no estén dispuestos a exigir verdaderamente la renuncia de Chinchilla, porque son cómplices en los proyectos del gobierno y están todos cuestionados por corrupción, como se puede ver en el uso de la deuda pública.
                                              
En el caso de la Trocha Fronteriza, el gobierno ha defendido un proyecto pagado con fondos públicos para beneficiar a un grupo de empresarios en la frontera, con concesiones entregadas a empresas de familiares del personal del gobierno. Aquí también Chinchilla salió a escudarse detrás de que estaba “mal asesorada”. 
                  
Recientemente, en el caso de la Concesión San José–San Ramón, para beneficiar a transnacionales y empresas de familiares y amigos del gobierno (por ejemplo el ministro-asesor Pedro Castro), Chinchilla se vio obligada a anular el contrato para frenar el movimiento contra la concesión. 
                                                                                                 
Estos son solo unos casos entre varias decenas de ejemplos. Sin embargo, el episodio de la avioneta, subrayo,  fue el colmo. Chinchilla pretendía ir a una boda en tiempo de trabajo, improvisando una visita al presidente peruano, Ollanta Humala, e incluso llegó a vincularse con el narcotráfico, que dice  combatir. 
                                                                                               
Durante su gobierno, las condiciones de vida de la clase trabajadora no han dejado de empeorar, y ejemplos de ellos son el aumento del costo de la vida, la inflación, los ataques al salario, el gigantesco aumento del desempleo, la violación de derechos laborales y el incremento de la pobreza y de la miseria.
                                                                     
El endeudamiento de la finanza pública traga un 30% del presupuesto nacional, dinero con el que se podría financiar salud, educación y vivienda.  
                                                                                                                    
Lo cierto es que Laura Chinchilla ha seguido la política neoliberal instaurada durante 30 años por los anteriores gobiernos, principalmente el de Oscar Arias, que tiene a la sociedad costarricense sumida en las crisis política, ambiental y social, con un descrédito palpable de la credibilidad y de las instituciones, con ausencia de la transparencia y vigencia de la corrupción. Queda mucho por decir. Y se dirá.