EE.UU.: Violación sistemática de derechos humanos en caso de cinco cubanos

La violación sistemática de los derechos humanos en el caso de cinco antiterroristas cubanos prisioneros en Estados Unidos, es una mancha que ensombrece el sistema de justicia en ese país.

Para quienes han seguido de cerca esta causa es conocido que ya se cerró el proceso penal y que casi se cumplen 15 años del arresto de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González.

Entretanto, René González, excarcelado en 2011 tras saldar el 85 por ciento de su condena de 15 años (tiempo máximo para permanecer en prisión), es obligado a continuar tres años de libertad supervisada dentro del territorio estadounidense.

Han expresado analistas del caso que las razones por las cuales fueron enjuiciados y sentenciados de manera arbitraria obedecieron especialmente a las exigencias del sector más reaccionario de los cubanoamericanos de Miami, la ciudad de Estados Unidos más hostil hacia el gobierno de la isla.

Sin embargo, ninguno de ellos cometió actos que pusieran en peligro allí la seguridad nacional estadounidense, así lo confirmaron varios expertos y autoridades, como los generales Charles Whilhem y Edward Atkinson, el almirante Eugene Carol y el coronel George Buckner, quienes testificaron que los acusados no tenían acceso a información clasificada.

Iincluso, James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, testigo de la Fiscalía, reconoció que ellos no habían realizado espionaje contra Estados Unidos.

Mas todos esos testimonios no fueron tomados en cuenta, lo que ratifica la arbitrariedad del fraudulento proceso de marcado signo político, destaca un resumen acerca de quiénes son los Cinco publicado en la página electrónica de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. El propio Gerardo Hernández enfatizó en su alegato, leído durante la vista de sentencia en diciembre de 2001, que se les puso "al mismo nivel de los peores espías que se hayan conocido sin que para ello exista una sola prueba contundente y sin haber causado daño alguno, solo sobre la base de suposiciones".

Y añadió "la nuestra quizás sea una de las acusaciones de espionaje más ridículas en la historia de este país".

La labor que realizaron se centró en dar seguimiento a organizaciones e individuos violentos de origen cubano dedicados a planificar y ejecutar acciones criminales contra la población civil de la nación caribeña en la mayoría de los casos con la tolerancia de las autoridades norteamericanas.

Téngase en cuenta que la década del 90 del pasado siglo fue una etapa de constantes sabotajes y acciones terroristas contra Cuba.

Solo entre mayo de 1995 y febrero de 1996, se registraron no menos de 25 incursiones aéreas ilegales en el espacio aéreo de la isla, procedentes de Miami.

De acuerdo con informes oficiales, en enero de 1996, el almirante retirado Eugene Carroll visitó La Habana, donde fue notificado por el jefe de las Fuerzas Aéreas que Cuba derribaría las avionetas provenientes de esa ciudad floridana si continuaban sus incursiones ilegales.

El 23 de febrero 1996, el Departamento de Estado recibió del gobierno cubano un comunicado relativo a un "vuelo no autorizado previsto para el día siguiente", el cual advirtió además que era improbable para el país caribeño seguir impasible frente "a estos vuelos no autorizados".

Richard Nuncio, antiguo responsable de asuntos cubanos durante la presidencia de William Clinton, declaró ante el Tribunal que juzgó a los Cinco que estuvo inquieto cuando recibió entonces las protestas de Cuba en ese sentido. Según dijo, no podía hacer gran cosa para detener tales incursiones aéreas.

El 24 de febrero de 1996, el servicio cubano de control de vuelos alertó a tres avionetas que se dirigían hacia Cuba, que la zona norte de La Habana estaba activada, el mensaje textual a los pilotos especificaba: "se están poniendo en peligro volando por debajo del paralelo 24 norte".

Al no obedecer el llamado y luego de varios mensajes, dos de las aeronaves fueron abatidas por la fuerza aérea cubana.

Justo dos años después, los días 12 y 13 de julio de 1998, el diario The New York Times divulgó declaraciones del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles en las que afirmó: "El FBI y la CIA no me molestan y soy neutral con relación a ellos, pero los ayudo siempre que puedo".

Apenas dos meses habían transcurrido de esa publicación, cuando el 12 de septiembre los Cinco fueron arrestados en Florida bajo cargos de conspiración para cometer espionaje y de conspiración contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

Desde entonces han sido sometidos a tratos degradantes (luego de la detención estuvieron 17 meses en confinamiento solitario) y a la negación de los contactos familiares de forma regular, en particular en los casos de Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández y René González, respectivamente.

A ambas mujeres Washington les ha rechazado en múltiples oportunidades el derecho a la visa para reunirse con sus cónyuges, una cuestión denunciada por organizaciones de derechos humanos y diferentes personalidades del mundo.

También se han sumado las violaciones por parte del gobierno referidas a la manipulación de las evidencias, su falsificación o su ocultamiento para obstruir la justicia, así como otros aspectos de carácter técnico en el ejercicio de la defensa, explicó Nuris Piñero, directora del Bufete Internacional y abogada de las familias de los Cinco.

De modo que ha imperado la falta del debido proceso, un punto previsto en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En diferentes foros internacionales los familiares de los cinco cubanos han denunciado la violación de sus derechos elementales, amparados en la Declaración de Derechos Humanos. Pero desde el 27 de mayo de 2005 el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas concluyó que su detención era arbitraria.

Meses más tarde, el 9 de agosto, un panel de la Corte de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta falló a favor de la realización de nuevo juicio fuera de Miami, como forma de restablecer la legalidad.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso y un año más tarde el pleno de la Corte de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta, revocó esa decisión, resolviendo la apelación en el año 2008, ratificando las condenas de Gerardo Hernández y René Gonzalez.

Lo que se logró finalmente fue la modificación de las sentencias de tres de ellos: Ramón Labañino (ahora 30 años), Antonio Guerrero (21 años más 10 meses en prisión y cinco años de libertad supervisada) y Fernando González (17 años y nueve meses).

Pero la injusticia persiste, según afirmaron los tres en una declaración pública en 2009 después de recibir las nuevas penas.

"Mientras, en esta etapa de libertad supervisada de René continúan violándose sus derechos, al no poder cumplir el requisito fundamental de ella que es la inserción en su medio familiar y como algo paradójico en su sanción accesoria se le prohíbe frecuentar lugares donde se conoce son asiduos personas que militan en organizaciones terroristas", subrayó Piñero a Prensa Latina.

Para personas familiarizadas con este tema, el caso de los Cinco es típico de los juicios políticos que Estados Unidos critica como contrarios al respeto por los derechos humanos cuando tienen lugar en otros países.

Y a menos que el presidente Barack Obama resuelva devolverlos a su país como reclama la solidaridad mundial, así como la opinión pública internacional que se ha expresado a través de parlamentos enteros, premios nobel, organizaciones de derechos humanos, expresidentes como James Carter y el exfiscal general Ramsey Clark, esta causa pasará a la historia como precedente para negarle un juicio justo a otros hombres y mujeres dentro de Estados Unidos.